Política

Crece presión para acusación constitucional contra Matus

Cristian Navarro H.

Eric Aedo, jefe de la bancada de la Democracia Cristiana (DC), calificó la situación como «gravísima» y afirmó que Matus «debe dar un paso al costado».

La posibilidad de una acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, ha ganado fuerza en el Congreso tras la revelación de mensajes entre él y el abogado Luis Hermosilla, involucrado en el escándalo del caso Audio.

Estos mensajes, que contradicen las declaraciones anteriores de Matus, fueron revelados por Ciper, aumentando la preocupación sobre la integridad y el comportamiento de altos miembros del Poder Judicial.

Eric Aedo, jefe de la bancada de la Democracia Cristiana (DC), calificó la situación como «gravísima» y afirmó que Matus «debe dar un paso al costado».

Aedo subrayó que hay antecedentes suficientes para impulsar una acusación constitucional, y otros parlamentarios han apoyado su postura.

La diputada Camila Musante, independiente, también apoyó la medida, subrayando la importancia de buscar responsabilidades dentro del Poder Judicial, señalando que «esto no solo se trata de Jean Pierre Matus, sino también de otros ministros que podrían estar implicados»​.

Desde el Frente Amplio, el diputado Jaime Sáez describió el escándalo como «una grave corrupción» y aseguró que, si la acusación tiene los méritos necesarios, su bancada estaría dispuesta a apoyar la medida.

Partidos de oposición no están de acuerdo con la acusación

Sin embargo, la oposición no es unánime. Gustavo Benavente, jefe de bancada de la UDI, argumentó que la DC debería centrarse en «los temas reales» del país y sugirió que la desconexión del partido con las preocupaciones ciudadanas es la causa de su declive político

En línea similar, Ximena Ossandón, de Renovación Nacional, pidió prudencia y advirtió contra el uso de herramientas constitucionales con fines políticos, instando a actuar con responsabilidad en un caso tan sensible​.

El caso Hermosilla, que ya ha sacudido las estructuras políticas y judiciales de Chile, parece estar lejos de concluir, con implicaciones que podrían extenderse a otros miembros del Poder Judicial, y una creciente demanda pública de transparencia y justicia.

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