«Quienes estamos en una posición de autoridad estamos para servir y no para servirse. Y quien pretenda aprovecharse u obtener ventajas o privilegios distintos a su función tiene que abandonar el Estado. Y esto vale desde el seremi hasta el ministro de Estado».
Con estas palabras el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, se refirió en duros términos, en el marco del Cao Convenios, a los funcionarios públicos y autoridades que han realizado aprovechamiento para obtener recursos del Estado.
En entrevista con Reportajes de El Mercurio, sostuvo que «aquí en todos los que han incurrido en irregularidades se hará efectiva su responsabilidad. En esto no hay eufemismos. Ocupar la palabra corrupción por parte del Gobierno para referirse a una situación no es fácil, pero tiene que ver con la convicción genuina de que este tipo de cosas no pueden suceder».
A su juicio, «es clave para la confianza pública la reforma estructural del sistema; este tema no se soluciona solo con renuncia de autoridades. Lo que necesitamos es reformar el sistema, porque si hay algo para lo cual sirven estas crisis es para tener conciencia de cuáles son las medidas correctas, pero sobre todo para establecer los estándares de cumplimiento que van más allá de la ley».
Al respecto, el secretario de Estado puntualizó que se requieren «exigencias más estrictas» en materia de transferencias, y también advirtió que «desde la reforma de 2011 en materia de personas jurídicas, tenemos demasiada facilidad para la constitución de estas entidades sin fines de lucro, que adquieren para cumplir fines de beneficencia, pero no para que puedan desarrollarse como verdaderas gestoras de proyectos o consultoras».
«Lo que creo que pudo pasar es una libertad para constituir esas entidades, una flexibilidad extrema para transferir recursos, y algunas personas terminaron aprovechándose», explicó.
