En el contexto del caso Monsalve, relacionado con las investigaciones de inteligencia solicitadas por el exsubsecretario del Interior y realizadas antes de que se presentara la denuncia por violación en su contra, los diputados de la comisión de Defensa buscan modificaciones al proyecto de ley que fortalecerá el sistema de inteligencia.
Este proyecto se encuentra en su segundo trámite legislativo, y las revelaciones recientes han impulsado a los legisladores a proponer ajustes a la normativa.
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De acuerdo con la información disponible, el exsubsecretario del Interior solicitó a la entonces jefa de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Cristina Vilches, que personal de esta unidad obtuviera imágenes de los lugares que frecuentó, revisara su teléfono y visitara la residencia de la denunciante.
Estas acciones ocurrieron sin conocimiento del Ministerio Público ni de los tribunales, y antecedieron la denuncia en su contra.
Este episodio llevó al director de la PDI, Eduardo Cerna, a ordenar el «retiro absoluto» de Vilches, citando la prudencia que debe caracterizar el uso de la Ley de Inteligencia.
ELIMINAR FIGURA DEL ZAR DE LA INTELIGENCIA
Frente a estos hechos, algunos legisladores han planteado eliminar del proyecto la figura del llamado «zar de la inteligencia», quien actuaría como secretario ejecutivo de inteligencia del Estado y presidiría el Comité de Inteligencia.
Según el diseño original del proyecto, esta figura sería clave en la coordinación de inteligencia, pero la diputada Camila Flores (RN) afirmó que la oposición buscará suprimir el cargo.+
Según Flores, “si el exsubsecretario usó la ley en su beneficio sin ese cargo, tener un ‘zar de la inteligencia’ podría permitir a cualquiera abusar de ese poder”.
UN SOLO INCIDENTE NO DEBE AFECTAR ESTRUCTURA DE LA LEY
Sin embargo, expertos y exautoridades discrepan de la idea de modificar el proyecto basado en un caso específico, argumentando que un solo incidente no debe afectar la estructura de una ley.
Felipe Harboe, exsubsecretario de Interior, considera que la estructura jurídica no debe cambiarse por un caso puntual.
Señaló que una política pública eficaz se sostiene en sistemas de control preventivos que evitan abusos, y no en ajustes de legislación cada vez que se presenta una situación irregular.
URGENCIA DE LA LEY
Pía Greene, exjefa de la División de Seguridad Pública, resaltó la urgencia del proyecto debido a las transformaciones en el crimen organizado y advirtió que legislar a partir de un incidente puede conducir a una normativa ineficaz. Greene subrayó que una legislación debe basarse en la evidencia y las mejores prácticas, evitando modificaciones impulsadas por situaciones particulares.
Daniel Rebolledo, investigador de Libertad y Desarrollo, también criticó la propuesta de ajustar la legislación en respuesta al caso Monsalve.
Explicó que el Ministerio del Interior no debería tener poderes excesivos sobre la inteligencia ni control exclusivo de una agencia de inteligencia civil.
Según Rebolledo, el caso demuestra los peligros de un uso indebido de la inteligencia y la importancia de un marco legislativo sólido que limite posibles abusos de poder.
Finalmente, Harboe destacó la importancia de un análisis profundo y de una deliberación cuidadosa en el Congreso para evitar problemas futuros. A su juicio, una legislación bien diseñada permite evitar fragmentación entre instituciones de seguridad y fomenta un sistema integral que fortalezca la coordinación y eficacia en inteligencia, sin necesidad de crear figuras de poder que puedan ser mal utilizadas.
El presunto abuso o vulneración de la Ley de Inteligencia que se investiga en el caso del exsubsecretario es extremadamente grave; un tema que trataremos esta semana con el nuevo subsecretario en el Senado y dónde hay que revisar todas las falencias.
Como también insistir en más… pic.twitter.com/nUzGTJXlfK— Iván Flores García (@ifloressenador) November 3, 2024
