Una seria de medida para fortalecer y modernizar la administración del Estado y así mitigar la crisis desatada por las transferencias irregulares entre reparticiones públicas y fundaciones, comunicó el Ejecutivo a través del espacio Gobierno Informa.
La serie de medida fue anunciada por los ministros Álvaro Elizalde (Segpres), Luis Cordero (Justicia) y Mario Marcel (Hacienda), además de los subsecretarios de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, y de Hacienda, Hedi Berner.
La agenda en materia de probidad contemplará una batería de medidas de carácter administrativo y legislativo, que se implementará en los próximos tres meses y que la próxima semana tendrá su primer hito con la entrada en vigencia de un nuevo instructivo de transferencias del Estado.
En detalle, el instructivo contiene 13 iniciativas que apuntan a “mejorar el control y la rendición de cuentas; aumentar la transparencia y elevar los estándares de probidad”, según detallaron desde La Moneda.
En total, la agenda que busca impulsar el Ejecutivo contiene ocho medidas -entre ellas la entrada en vigencia del nuevo instructivo para las transferencias del Estado- para hacer frente a la crisis que inició hace dos meses en Antofagasta con el caso Democracia Viva, fundación ligada a tres militantes RD. .
Las propuestas contemplan medidas legislativas como el ingreso del proyecto de ley de Beneficiarios Finales, que busca crear un registro donde las entidades informen las personas naturales que serán beneficiarias de esa organización.
Además, se le dará urgencia de ley -tal como había anunciado Elizalde- a un proyecto de ley ingresado por la expresidenta Michelle Bachelet para fortalecer las atribuciones del Consejo de Auditoría Interna del Gobierno, organismo que hoy está en la mira porque se reveló que en 2022 ordenó no reportar transferencias a terceros.
