«La persona tiene derecho a exigirle al Estado que la proteja, pero no tiene derecho a emplear directamente la violencia para reivindicar las cosas que le robaron o los bienes que le usurparon, porque eso nos lleva a un estado salvaje, nos lleva a un estado en que cada uno con mano propia se defiende», dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá, al abordar nuevamente el polémico proyecto de ley que busca regular los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles.
La autoridad aseguró que como Ejecutivo harán «todo lo que nos permite la Constitución para impedir estas otras normas, que son inaceptables. Lo primero es tratar de que no se aprueben en la votación, después están las posibilidades del Tribunal Constitucional y las posibilidades de veto. Hay muchas herramientas que tenemos».
«Lo que yo puedo afirmar es que nuestro Gobierno no va a firmar una ley que permita la autotutela, eso no va a pasar», cerró Tohá.
Las declaraciones de la ministra marcan una clara distancia con parlamentarios que apoyan este proyecto, entre ellos el diputado Andrés Jouannet (Amarillos por Chile), quien defendió el proyecto y aseguró que con él los enfrentamientos no serán entre civiles, sino entre «civiles y delincuentes, porque quien usurpa o se toman algo que no es propio van a ser delincuentes».
La iniciativa, que combina la legítima defensa con la flagrancia permanente, ha sido fuertemente criticada por el oficialismo, que acusa que con esto se permitiría la autotutela, es decir, las personas dueñas o que se sientan dueñas de un predio tomado puedan -por la fuerza y en forma armada- tratar de recuperarlo.
