Este jueves, después de tres horas de audiencia, el Juzgado de Garantía de Colina decretó prisión preventiva para cuatro imputados venezolanos integrantes de una célula del Tren de Aragua en Santiago.
Cabe señalar que la medida se da tras la solicitud realizada por el Ministerio Público y la parte querellante.
Los sujetos están acusados de homicidio calificado, trata de personas con fines de explotación sexual y tráfico ilícito de inmigrantes.
Lea también: Desbaratan brazo del Tren de Aragua que operaba en Santiago.
FORMALIZACIÓN
Durante la formalización, el fiscal preferente ECOH, Sergio Soto Yáñez, presentó los antecedentes recopilados por el Ministerio Público.
Según la investigación, el asesinato de un integrante de la célula criminal habría sido ordenado por incumplir el código de la organización al mantener una relación con una de las víctimas. El cuerpo de la víctima fue hallado maniatado y quemado en Colina.
Respecto a la medida cautelar, el magistrado señaló que la libertad de los imputados representa un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas.
Junto con ello, se estipuló un plazo de investigación de 240 días. Tras la decisión, los imputados cumplirán su prisión preventiva en el módulo de alta seguridad del CP de Rancagua.
CÉLULA DEL TREN DE ARAGUA
Tras concluir la audiencia, el fiscal Sergio Soto entregó detalles de la forma en la que habría estado operando la célula del Tren de Aragua en la RM.
En concreto, el persecutor explicó que la organización criminal operaba de manera transnacional, con miembros tanto en Venezuela como en Chile.
Respecto a los integrantes en Venezuela, denominados «llaveros», señaló que coordinaban el comercio sexual mediante páginas web.
Los individuos extranjeros respondían en nombre de las mujeres explotadas, pactaban los servicios con los clientes chilenos y enviaban detalles al «taxista», un miembro en Chile encargado de transportar a las víctimas y recolectar el dinero. Cabe señalar que este último luego enviaba las ganancias a Venezuela mediante transferencias electrónicas.
A las mujeres ingresadas a Chile bajo esta red se les cobraba una «multa» de $5 millones. Junto con ello, debían rendir semanalmente al menos $300 mil, de los cuales $200 mil se destinaban a abonar la deuda, $50 mil al alojamiento y otros $50 mil a la alimentación.
Solo obtenían ingresos extras si negociaban servicios sexuales adicionales, como consumo de drogas con los clientes.
El incumplimiento de estas metas económicas derivaba en torturas. De hecho, las víctimas eran amarradas, privadas de alimento y agua por días o semanas, y sus compañeras tenían prohibido ayudarlas.
LAS REGLAS
Junto a lo anterior, las reglas les impedían tener parejas no aprobadas por la organización, asistir a discotecas o restaurantes. Asimismo, debían estar siempre disponibles para el comercio sexual. Si una mujer iniciaba una relación sentimental, su pareja debía asumir el pago de la deuda.
También se identificó explotación de menores de edad. Algunas víctimas, que tenían documentos falsificados para aparentar mayoría de edad, eran explotadas sexualmente. Sin embargo, su apariencia física dejaba en evidencia su verdadera edad.
Por último, a las mujeres se les cobraba una «plaza», una tarifa de $100 mil para trabajar en espacios públicos como la Plaza de Armas o Baquedano.
