La Contraloría General de la República detectó que el Registro Civil e Identificación pagó más de $7 mil millones en proyectos de software que finalmente no utilizó.
En concreto, la situación fue descubierta luego de una fiscalización realizada por la Contraloría. Con la cual, dio cuenta que entre 2020 y 2023, el organismo pagó $7.597.887.848.
Esto, para la «mantención y soporte evolutivo de software para la implementación» de proyectos. Entre ellos, se encuentran la ley de matrimonio igualitario y la solicitud de copia de partidas de nacimiento por Internet.
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MATRIMONIO IGUALITARIO
Respecto a la implementación de la ley de matrimonio igualitario, cuyo objetivo era reemplazar el sistema vigente de registro de matrimonios y acuerdos de unión civil, se constató que el director nacional de la época «no adoptó las medidas para la corrección de la iniciativa antes de autorizar pagos asociados.
Lo que condujo a que el nuevo sistema registrara fallas y se volviera a utilizar el antiguo», indicó el ente contralor en un comunicado.
PARTIDAS DE NACIMIENTOS
Otro de los sistemas que no fue utilizado se relaciona con la solicitud de copia de partidas de nacimiento por Internet. El cual, permitiría pedir dichas partidas en forma online, tanto desde Chile como del extranjero.
No obstante, el sistema, que fue desarrollado desde 2021, fue dado de baja. Esto, debido a que no se ajustaba a los requerimientos operativos del Registro Civil. Junto con ello, se afectaron los tiempos requeridos en el trámite para quienes vivían fuera de Chile.
AGENDAMIENTO EN LÍNEA
La Contraloría también dio cuenta que existieron «complicaciones técnicas» en la implementación del nuevo motor de agendamiento en línea. El cual, era para trámites de renovación de documentos de identidad, matrimonio y acuerdos de unión civil.
Esto significó una «disminución en los cupos disponibles en las oficinas del Registro Civil, así como un aumento en los plazos para agendar horas de atención».
El Registro «tampoco arbitró medidas para exigir a la empresa proveedora la corrección de estas falencias antes de autorizar su pago», indicó el ente contralor.
«CORE REGISTRAL»
A lo anterior se suma que no se logró diseñar un «Core Registral», un registro de información personal de los ciudadanos, y de interoperabilidad para el reemplazo de los registros existentes. Este proyecto tampoco fue implementado y se continuó usando los antiguos componentes.
Debido a que las irregularidades constatadas «podrían revestir el carácter de delito», la Contraloría entregó un informe detallado al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para que se tomen las acciones correspondientes.
