El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago solicitó al Ministerio Público que aclare si la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, es considerada imputada en la investigación por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende en Providencia.
Sandoval, militante del Frente Amplio, ocupaba el cargo cuando en diciembre de 2024 se firmó el contrato por el inmueble ubicado en Guardia Vieja 392 por $933 millones.
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La operación, en la que figuraban como propietarias la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende, fue detenida por el Ejecutivo debido a una inhabilidad legal.
La causa es llevada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, tras una querella presentada por el abogado Raimundo Palamara ―militante del Partido Republicano― en representación de la fundación Fuerza Ciudadana. La acción legal acusa a varias autoridades, incluido el presidente Gabriel Boric, por presunto fraude al fisco.
ANTECEDENTES
La exministra Sandoval ya había declarado ante la Fiscalía el pasado 24 de enero, asegurando que había advertido a asesores del Presidente sobre los posibles problemas que implicaba la compra.
Asimismo, Macarena Diez, exjefa de la División Jurídica de Bienes Nacionales, declaró que en septiembre de 2024 ya se había alertado internamente sobre los riesgos jurídicos y políticos de la transacción.
En noviembre, Sandoval firmó junto con el presidente Boric el decreto que autorizaba la operación, mientras que la firma final del contrato de compraventa fue realizada el 30 de diciembre por Carol Castro, seremi de Bienes Nacionales Metropolitana en ese momento.
DEFENSA
La abogada Francisca Millán presentó un escrito formalizando su representación de Sandoval ante tribunales. A raíz de esto, el juzgado solicitó a la Fiscalía aclarar la calidad procesal de la exministra en la causa antes de resolver si da por acreditada su defensa legal.
Se espera que el Ministerio Público entregue una respuesta en los próximos días para definir el rol de Sandoval en la investigación y definir si es o no una imputada en el caso.
Mientras tanto, la Fiscalía ya confirmó que el presidente Gabriel Boric deberá declarar en calidad de imputado ante el fiscal Cooper.
El caso sigue en desarrollo y podría traer nuevas implicaciones para diversas autoridades involucradas en la fallida compraventa del inmueble.
