La jornada de este día lunes 4 de septiembre, el Contralor de la República Jorge Bermúdez compareció ante la Comisión Especial Investigadora que analiza, en el marco del Caso Convenios, el traspaso de recursos del programa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
En la instancia, Bermúdez indicó que las transferencias preocupan permanentemente a la Contraloría. Es más, que el organismo que encabeza ya había informado sobre la fragilidad del sistema, por ejemplo, en el caso de los camiones aljibes.
«De una u otra forma lo veníamos anticipando», constató respecto a su no sorpresa sobre el Caso Convenios. En ese sentido, aseguró que existe un problema general a nivel Estado y del marco normativo, pues falta regulación en torno al sistema de transferencias.
Si bien, comprende lo complejo que es el programa de asentamientos precarios del Minvu, fue enfático al precisar que no existe justificación que evite el paso por controles previos al momento de transferir.
EL DIAGNÓSTICO
Otro de los diagnósticos de Bermúdez tiene que ver con la falta: de exigencia oportuna del plan de trabajo por parte de la Seremi, de la rigurosidad al corroborar la prestación y de precisión de funciones por la entidad prestadora. Además el pago fue total y no parcelado.
A lo anterior se suma la visión que tienen algunos entes de ver a las transferencias como vías de ejecución de presupuesto: «Los servicios regionales se encuentran en una presión para ejecutar el presupuesto. Llegado el segundo semestre y ante la tardanza que se da, se ven casi en la obligación de transferir los dineros, para rendirlos como ejecutados», explicó el Contralor.
Ahondó, calificando lo anterior como una debilidad estructural en las regiones, y «una anomalía que no debería pasar, pero que en buena parte se da por falta de personal».
Para solucionar los problemas anteriores, Jorge Bermúdez sostuvo que hay que buscar el equilibrio entre la eficiencia del gasto y la ejecución presupuestaria.
NO HAY GARANTÍAS DE RESTITUCIÓN DE LOS RECURSOS
Finalizada la instancia, el Contralor, Jorge Bermúdez sostuvo un punto de prensa en el cual, además de volver a repasar sus diagnósticos respecto al Caso Convenios, se refirió a los millones que debe Democracia Viva.
Información entregada por medios de comunicación, indicó que se han recuperado aproximadamente $294 millones del total. Sobre ello Bermúdez contestó que «a nosotros no nos consta que se hayan devuelto efectivamente o que estén retenidos en una cuenta». Y aunque eso fuera supuesto como real «aún quedarían $97 millones por restituir».
En ese sentido, el Contralor explicó porqué ha dicho que es casi imposible recuperar los recursos, «porque en realidad aquí no hay una garantía. La fundación no tiene patrimonio». Es por lo anterior que «la forma de requerir la devolución va a ser a través de un juicio, o sea estamos hablando de 10 años más, por lo menos», constató el Contralor.
Luego, ahondó en el porqué no hay coherencia entre lo pagado y adjudicado: «no hay un plan de trabajo detallado que dé cuenta de un programa que se vaya a ejecutar con metas, con plazos, con obras, con montos asignados, tal como ocurre, por ejemplo, cuando se contrata una obra pública por parte del Estado».
