Los diputados republicanos Juan Irarrázaval y Johannes Kaiser, querellantes en la investigación por el eventual sobreprecio en la fallida compra de la exclínica Sierra Bella, pidieron que se formalice la causa.
Mediante un escrito, el abogado Sergio Rodríguez, que representa a los parlamentarios, pidió al persecutor «formalizar la investigación respecto del imputado Irací Hassler (alcaldesa de Santiago), Jean Pierre Chiffele (exdirector de Jurídica del municipio), Luis Mayorga (exsecretario de Planificación) , Beatriz Chamorro (directora de Salud), Felipe Sánchez (representante legal de Sierra Bella), Patricio Gajardo (tasador), María José Sepúlveda (tasadora), Mylema Cárcamo (tasadora), para comunicarles que se sigue una investigación en su contra».
Según los querellantes, «hoy se tiene una tasación de Transsa Consultores Inmobiliarios en la que se da cuenta que el valor de las propiedades asciende a menos del 50% del valor de compra, es decir, el precio del contrato y la tasación de los referidos tasadores fue equivalente al menos al doble del valor comercial o al cuádruple de la tasación fiscal y precio de compra del vendedor», informó Emol.
Con ello aludían un estudio que encargó la fiscalía para determinar el valor real de la ex clínica.
Además, cuestionaron a los tasadores «Patricio Gajardo Rocha, Mylena Cárcamo Valencia y María José Sepúlveda Sepúlveda», toda vez que «la Asociación de Tasadores de Chile (Asatach) ha manifestado que en la confección de dichas tasaciones se infringieron las reglas establecidas» para estos casos.
Agregaron que «los funcionarios municipales que intervinieron en la compra —entre ellos los imputados Hassler, Mayorga, Chiffelle y Chamorro— conocían el valor de adquisición y el avalúo fiscal de las propiedades, según consta en documento denominado: ‘Estudio de Títulos’ de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Santiago» y también «la existencia de los gravámenes dada la ubicación de los predios (lo que incluye la imposibilidad de nuevas construcciones)».
Concluyeron que «la investigación demostró que —entre los funcionarios municipales en el ejercicio de sus cargos públicos, terceros o privados que eran los dueños de los inmuebles, y tres tasadores contratados por el municipio para tasar los inmuebles— existió un plan delictual a fin de perfeccionar dicho contrato de compraventa a un precio equivalente al doble de su valor comercial de acuerdo a la tasación de Transsa y al cuádruple del avalúo fiscal y valor de compra del vendedor, de modo tal que la I. Municipalidad de Santiago compró dichos terrenos a ese monto causando con ello un perjuicio millonario al patrimonio comunal».
A su juicio, de acuerdo al escrito, «se puede concluir la evidente participación de la alcaldesa Sra. Hassler Jacob, quien en el ejercicio del cargo que ocupa actuó de manera desleal para con el erario municipal, sin emplear los medios mínimos para una gestión eficiente de los recursos públicos. Lideró las negociaciones y ofreció un precio —hoy después de la tasación de un tercero, Transsa Consultores Inmobiliarios— equivalente al doble del valor de las propiedades».
