La jornada del pasado lunes 4 de septiembre el Contralor, Jorge Bermúdez, compareció ante la Comisión Especial Investigadora del Caso Convenios.
Saliendo de la instancia se refirió puntualmente a la fundación Democracia Viva y cómo pone en duda la restitución de los $294 millones solicitados: «No nos consta que se hayan devuelto efectivamente o que estén retenidos en una cuenta». Luego explicó porque ha dicho previamente que es casi imposible la recuperación de los recursos: «Aquí no hay garantía. La fundación no tiene patrimonio».
La defensa de la fundación, Victoria Silva le dio parcialmente la razón a Bermúdez, cuando señaló a través de un escrito al Primer Juzgado de Antofafasta que Democracia Viva se encontraba «impedida de restituir los fondos».
Contrario a lo que pensó el Contralor, la ONG se ve imposibilitada de restituir los fondos no por falta de patrimonio sino por la retención de los fondos:
«Los únicos bienes que esta parte tenía disponibles para restituir y cumplir con el requerimiento administrativo del Seremi de Antofagasta, eran las sumas de dinero que se encontraban en la cuenta bancaria de la cual era titular la Fundación Democracia Viva y que actualmente se encuentran retenidas por la resolución de usted».
Es por lo anterior que, según el escrito entregado: «Mi representada se encuentra impedida de restituir los fondos requeridos dentro del plazo otorgado mediante los citados actos administrativos por encontrarse dichos fondos retenidos por la resolución judicial que así lo dispone».
LAS ACCIONES DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
Recordemos que el pasado 14 de julio, el Ministerio de Vivienda y Urbaismo informó el fin de los contratos que mantenía suscritos con la Fundación Democracia Viva. Junto a ello, señaló que la ONG debía retornar, de los $426 millones, $391.768.516.
Tiempo después, el 27 de julio, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), señaló como medida prejudicial precautoria la retención de los dineros depositados en la cuenta bancaria de Democracia Viva.
Luego el 1 de septiembre, el CDE, interpuso una querella criminal contra el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y contra el representante legal de la fundación, Daniel Andrade, ambos por fraude al Fisco. Junto a ello, se le solicitó la congelación de sus fondos bancarios.
Al respecto, el Presidente del CDE Raúl Letelier indicó que “estamos frente a un caso en que la administración de los recursos se realizó fuera de cualquier criterio objetivo. La prueba documental y testimonial recogida en la investigación permite presumir que ello no se debió a una mera falta de expertiz o de gestión, sino a la comisión de un fraude al Fisco”.
