El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, acusó una “fuerte e inusitada operación política” tras el reciente dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) que ordena descuentos obligatorios a docentes que participen en paralizaciones.
“Esto atenta contra derechos laborales y el derecho a movilizarse”, afirmó Aguilar, quien apuntó a una coincidencia entre el oficio del ente fiscalizador y las presiones públicas de la UDI al Gobierno para sancionar a los docentes en paro.
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Las declaraciones de Aguilar surgen luego de que la Contraloría respondiera una consulta del senador Esteban Velásquez (FRVS), aclarando que toda ausencia por huelga en el sector público es injustificada, por lo que deben aplicarse descuentos sin excepciones.
El documento, firmado por la contralora Dorothy Pérez, establece que incluso si los docentes recuperan las clases, eso no elimina el deber de descontar los días no trabajados:
“No puede entenderse como causal de plena justificación (…) las horas no trabajadas constituyen una ausencia injustificada”.
CRÍTICAS A CONTRALORÍA
Aguilar acusó a la CGR de actuar políticamente y de “quitar derechos que ya se habían conquistado”, como la confianza legítima de los trabajadores a contrata.
“Los tribunales han reconocido el derecho a movilización. Esto lo están desconociendo con este dictamen”, señaló el dirigente, quien considera que se trata de una “maniobra coordinada” entre sectores políticos y administrativos para “disciplinar” a quienes reclaman por condiciones laborales.
La Contraloría en su dictamen, zanjó que los descuentos tienen prioridad sobre cualquier otra deducción y no pueden ser modificados ni por acuerdos internos ni convenios locales.
