En las últimas horas salió a la luz un nuevo elemento vinculado a la defensa judicial de miembros de Carabineros.
Según dio a conocer Radio Biobío, la Dirección de Bienestar de la policía uniformada contrató a dos abogados que figuran en la lista de defensores de narcotraficantes confeccionada por Contraloría.
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Se trata de Alejandro Peña y su socio José Villalobos, ambos exfiscales, quienes habrían recibido $2,5 millones cada uno solo durante el mes de mayo de este año.
APORTES
Según el mismo medio, los pagos provendrían tanto de los aportes realizados por los funcionarios a la Dirección de Bienestar como de otros fondos públicos.
En relación a esta situación, desde Carabineros señalaron que «La naturaleza de la información pública disponible en los sistemas de justicia no permite conocer de manera detallada la materia específica de cada una de las causas defendidas por los abogados. Por tanto, no fue posible realizar una discriminación exhaustiva en esa línea durante el proceso».
También precisaron que «Los criterios de inhabilidad que establece la Ley 20.000 aplican para el ingreso a la planta de funcionarios públicos, lo que no corresponde en este caso, dado que se trata de asesorías jurídicas externas, por lo que no se configura vínculo laboral con la administración del Estado».
MINISTRO CORDERO SOBRE ABOGADOS LIGADOS AL NARCO EN REGISTRO DE CARABINEROS: “NO HAN SIDO FORMALMENTE CONTRATADOS HASTA AHORA”
El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió este martes a la polémica por la inclusión de dos exfiscales actualmente abogados defensores de imputados por narcotráfico en un registro elaborado por la Dirección de Bienestar de Carabineros, destinado a brindar apoyo legal a funcionarios de la institución.
Cordero explicó que, según su información, «Lo que ha hecho la Dirección de Bienestar es la conformación de un registro de especialistas para la asistencia de Carabineros», y que eso corresponde a un derecho legal que poseen los funcionarios.
Sobre la posible contratación de estos abogados, el ministro aclaró que «Hasta ahora no existen contrataciones de servicios, sino que lo que hay es la conformación de un registro», agregando que «Carabineros ha formulado una declaración pública y está haciendo una evaluación legal adicional» sobre este tema.
Consultado directamente sobre la presencia de abogados que han defendido a narcotraficantes en ese listado, Cordero señaló que «Respecto del ejercicio profesional libre de los abogados, es una decisión que opta cada uno de ellos», pero recordó que existe legislación que restringe los vínculos laborales con el Estado en casos como este: «La legislación chilena tiene una cierta consideración para alejar a personas que defiendan a personas que se encuentran sometidas a la ley 20.000», dijo.
Finalmente, aseguró que el Ministerio ha sostenido conversaciones con Carabineros para que «Evalúe ese punto en particular antes de que los efectos de ese registro avancen».
