Una carta donde reconocen su participación en graves violaciones a los derechos humanos y piden que sus superiores asuman la responsabilidad «de sus órdenes, las que hoy tienen tras las rejas a nuestros fieles subalternos», envió un grupo de 27 oficiales de las fuerzas armadas y Carabineros presos en punta Peuco, al diputado Gonzalo de la Carrera. «Solicitamos para los suboficiales, clases, soldados y empleados civiles la conmiseración del poder político y judicial (…) para que puedan volver juntos a sus seres queridos», apunta la misiva.
Los firmantes incluyen a Carlos Herrera Jiménez, condenado por el crimen de Tucapel Jiménez; Arturo Silva Valdés, por la muerte de Eugenio Berríos; José Zara, por el crimen del general Carlos Prats; Manuel Carevic, jefe de la Venda Sexy; Gerardo Godoy, encargado de la contrainteligencia de la DINA, y Vittorio Orvieto, amigo de Manuel Contreras que aplicaba atroces torturas en Tejas Verdes. No firmó ningún jefe de la DINA o de la CNI, lo cual representa un quiebre entre los mandos y los ejecutores materiales de los crímenes de lesa humanidad.
En la carta, fechada el 7 de septiembre, reconocen que «en el cumplimiento de nuestros deberes y en la forma como lo entendíamos en esa época, muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos, con graves consecuencias. A no dudar, ello fue reflejo de una formación que daba mas importancia a la obediencia que al respeto por el que se consideraba adversario, lo que se cita como dato para su comprensión y no como justificación».
Añade que, «asumida esa realidad, con la misma firmeza y dignidad, expresamos nuestra congoja por quienes, siendo el eslabón más bajo y más débil de la cadena de mando -nos referimos a suboficiales, soldados conscriptos y empleados civiles- hoy tengan como único futuro terminar sus días en prisión por cumplir las órdenes de sus mandos, según lo consagraba la legislación militar vigente».
Asimismo, enfatizan que «hemos esperado 33 años para que nuestros superiores asuman la responsabilidad de sus órdenes», acusan que han mantenido un «pávido silencio» y que «no han tenido la grandeza de hacerse cargo de las órdenes que impartieron a sus subordinados».
También piden «el apoyo y la comprensión» a la sociedad civil «para hacer realidad el anhelado sueño de una justicia ‘justa’ para nuestros subalternos», además de «la conmiseración del poder político y judicial, mediante las medidas necesarias, jurídicas o administrativas, para que puedan volver a estar junto a sus seres queridos».
Al presentar la carta el diputado De la Carrera manifestó: «Perdón y empatía con todos aquellos que siguen con una herida abierta y no pudieron darle santa sepultura a sus víctimas. Misma empatía y dolor por las víctimas de la familia militar y carabineros que murieron defendiendo a la patria haciendo frente a ataques terroristas».
El parlamentario aseguró que «creo interpretar a los firmantes. Para que alguien pida perdón necesariamente debe existir arrepentimiento, por lo que estimo que esta carta es un llamado a la unidad y contribuye a sanar heridas por ambos lados».
Firman la carta:
Jaime Torres Gacitúa
Carlos Herrera Jiménez
Iván Quiroz Ruíz
Patricio Román Herrera
Enrique Sandoval Arancibia
Daniel Guimpert Corvalán
Hernán Ramírez Hald
Roberto Ampuero Alarcón
Manuel Muñoz Gamboa
Gerardo Aravena Longa
Gerardo Godoy García
René Villarroel Sobarzo
Carlos Tapia Galleguillos
Harodo Latorres Sánchez
Raúl Quintana Salazar
Manuel Provis Carrasco
José Zara Holger
Cristoph Willeke Floel
Reimer Kohutz Fell
Fernando Rojas Tapia
Ricardo Álvarez Jalabert
Vittorio Orvieto Tiplitzky
Manuel Carevic Cubillos
Juan Mancilla Díaz
Arturo Silva Valdés
Walther Klug Rivera
Patricio Maraboli Orellana.
«NO HAN COOPERADO CON LA JUSTICIA»
El diputado socialista, Jaime Naranjo, calificó la declaración de los internos como un «avance». Añadió que con que «ahora que sean los propios violadores de los derechos humanos quienes reconozcan que lo hicieron, yo espero que las fuerzas de derecha no tengan más argumentos para decir que en nuestro país no hubo una violación sistemática de los derechos humanos», agregó.
Sin embargo, dijo, «me parece un poco tardía» la declaración y que «para ser verdadera y sincera» es necesario «que nos digan dónde están los detenidos desaparecidos», pues «no entregan ninguna información que pueda dar con su paradero, «de tal manera que, valorando que por primera vez se hayan atrevido a reconocer que fueron violadores sistemáticos los derechos humanos en nuestro país, Ahora viene una segunda etapa, si es que quieren hacer una acción sincera: que digan dónde están las personas que hasta la fecha no se ha podido dar con el paradero de ellos».
La diputada Lorena Fries (CS) sostuvo que «frente a crímenes de lesa humanidad lo que corresponde es investigar y sancionar proporcionalmente al daño. Por lo tanto, no cabrían beneficios para ellos en la medida que no cumplan las penas, peor aun cuando no han cooperado con la justicia, no han entregado antecedentes, por ejemplo, que pudieran facilitar el plan de búsqueda y no se han arrepentido nunca de su accionar. La verdad es que estamos ante un intento de nuevo de sensación de impunidad».
«Efectivamente los altos mandos dan órdenes y los que están más abajo ejecutan», puntualizó, pero «eso no quiere decir que ellos sean inocentes. Aquí hay autores de la planificación de una política, que eran los altos mandos, y que lamentablemente como Pinochet salieron sin polvo y paja, y luego están los mandos más medios y más bajos, que son los que ejecutaron órdenes y que están pagando por la ejecución de esas órdenes», agregó la parlamentaria.
Para el diputado independiente-PPD y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jaime Araya, «esta carta es una verdadera provocación a la memoria de tantas familias que sufrieron. Me parece que es faltar el respeto al Estado de Derecho que delincuentes de derechos humanos, que criminales de lesa humanidad, hoy día pidan algún tipo de beneficio. Eso no está contemplado en nuestro estatuto constitucional, lo que nosotros tenemos que hacer es que se respete el Estado de Derecho, de manera racional. Esto no es la venganza de nadie, esto no es lo que decidieron las víctimas, es lo que decidió el Poder Judicial de nuestro país. Así que yo rechazo profundamente esta carta”.
Desde la derecha, el diputado Johannes Kaiser (republicano) recordó que se trata de «suboficiales, soldados, oficiales muy jóvenes en la época» y que «me parece también de justicia, que en un país que ha permitido o ha entregado, ha sido muy generoso en el indulto a aquellos que estuvieron del lado del violentismo político, del terrorismo -estamos hablando de miles de indultados- que se haga también un gesto hacia aquellos que, no teniendo mando efectivo, no siendo altos oficiales ni mucho menos, estuvieron involucrados en la represión en su momento y también en el pronunciamiento militar». Además, aseguró que siempre se ha reconocido la violación a los derechos humanos, y que «ese no es el punto».
«El punto es que efectivamente cuando hay un conflicto, cuando se produce lo que se llama una guerra sucia, cuando hay actos de terrorismo, siempre se violan los derechos humanos. Siempre. Los conflictos son eso, la guerra es la violación de derechos humanos institucionalizada. La represión va de la mano también de ese tipo de lógica», comentó.
Por su parte, Jorge Alessandri (UDI), planteó que efectivamente «existe en el Ejército una línea de mando» y que esos oficiales en retiro que suscriben la carta «están solicitando algo, pero debieran solicitarlo al Poder Ejecutivo o vía presentación de una ley».
