El Pleno de la Corte Suprema rechazó este lunes el requerimiento presentado por diputados oficialistas para remover al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.
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Para que prospere, la destitución debe ser aprobada por cuatro séptimos de los miembros del máximo tribunal.
Cooper es el cuarto fiscal regional enfrentando una solicitud de remoción en la Suprema en cinco años.
EL CASO DE COOPER
Antes de ser designado en Coquimbo, a inicios del 2023, cumpliendo labores en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el persecutor comenzó a indagar eventuales delitos en la Municipalidad de Santiago por la compra de la propiedad en que funcionó la clínica Sierra Bella.
Ese es el caso que originó la incautación del teléfono de la diputada Karol Cariola el 3 de marzo de este año, en el mismo día en que la legisladora dio a luz a su primer hijo.
Comunicaciones entre la exalcaldesa Irací Hassler y la diputada Cariola llevaron a Cooper a abrir una investigación por un eventual delito de “tráfico de influencias” anexo a la fallida compra de la clínica.
El episodio de la incautación del celular de la diputada fue el que motivó el requerimiento que ingresaron 10 diputados -del PC, PS y FA- para remover al fiscal regional.
En su exposición ante el Pleno de la Suprema, la abogada Karinna Fernández acusó “negligencia” de Cooper por “entrega de información reservada a terceros ajenos a la investigación”, aludiendo la entrega a la Municipalidad de Santiago de datos de la causa Chinamart respecto a Cariola y el empresario chino Bo “Emilio” Yang.
“Estamos ante un fiscal regional que se comporta como litigante”, sostuvo Fernández.
La abogada especializada en derechos humanos afirmó que “el actuar inconvencional del fiscal regional vulneró derechos a la debida diligencia, al debido proceso, al acceso a las garantías judiciales, la vida privada y a la inviolabilidad de las comunicaciones”.
LA DEFENSA DE COOPER
Por la defensa, expuso el abogado Matías Insunza.
El letrado defendió la incautación que autorizó la jueza del 7° Juzgado de Garantía de Santiago Carla Cappello Valle y que concretaron funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI).
Insunza recordó que el abogado Juan Carlos Manríquez, representando a Cariola, desistió de su petición para anular la diligencia.
“La pregunta que tenemos que formularnos en este momento es si se acreditaron las conductas imputadas en el requerimiento, si ocurrieron como allí se indican, y además, en el evento en que ocurrieron de esa manera, si fueron manifiestamente negligentes como exige la norma y el estándar de nuestro sistema. Y la respuesta es un contundente y rotundo no”, afirmó Insunza.
RESOLUCIÓN
La parte requirente y la defensa tuvieron 30 minutos para presentar sus argumentos.
Poco antes de las 16.30 horas, la presidenta (s) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, dio por finalizada la revisión y los ministros pasaron a deliberar su resolución.
A las 17.13 horas, la ministra vocera María Soledad Melo, dio a conocer que por unanimidad, el Pleno optó por desestimar el requerimiento.
“Quedamos muy satisfechos con la resolución. Creemos que se hizo justicia. La República puede quedar tranquila de que este es un tribunal de derecho, donde la política no ingresa sino que se resuelve en función del mérito de las pruebas presentadas”, afirmó el abogado Insunza, tras conocer la decisión.
Para informar el resultado, el representante se comunicó por teléfono con Cooper que siguió la audiencia por vía remota.
