El gobierno del Presidente Gabriel Boric defendió el protocolo acordado, en el contexto del proyecto de reajuste público, que restringe el despido de funcionarios públicos y decartó que se trate de un «amarre».
La propuesta responde a una petición expresa de la mesa de trabajadores del sector público y se da a pocos meses del cambi0 de gobierno, por lo que ha sido blanco de críticas desde el Partido Republicano y del presidente electo José Antonio Kast, que en su plan de gobierno contempla un gran número de despidos.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, especificó que «en lo que respecta a los cargos de exclusiva confianza, el 11 de marzo, son personas que han participado del gobierno producto de su compromiso con el proyecto del Presidente Boric y, por tanto, van a cesar en sus cargos todos con motivo del cambio de mando».
Lea también: Kast advierte: “Si alguien quiere amarrarse a un cargo, que se cuide”
El secretario de Estado enfatizó la diferencia entre los cargos de confianza y los de carrera.
“El nuevo Presidente de la República tendrá obviamente el espacio para designar a los funcionarios de confianza conforme lo establece la ley, pero respecto de los funcionarios de carrera, lo que se aplica es lo que ha planteado el Ministro Grau, que en caso de que se proceda a su desvinculación o despido, simplemente este se fundamente”, dijoElizalde.
Además, recalcó que la disposición tendrá que ser aprobada -o no- por el Congreso Nacional junto con el proyecto de ley de ajuste del sector público.
GRAU: NO SON DEL GOBIERNO DE TURNO
Por su parte, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, recordó que «la gran mayoría de las personas que trabajan en el Estado vienen desde distintas administraciones, no necesariamente comparten la visión política con el gobierno de turno».
También descartó que el gobierno prepare un «amarre» y añadió que la medida no está pensada para funcionarios de confianza o quienes sean parte de los distintos gabinetes ministeriales.
Aclaró que el despido de los los funcionarios de carrera «tiene que ser un acto fundado y esas personas tendrán el derecho de reclamar aquello en la Contraloría. Eso es todo lo que va a ir en la ley de reajuste y que fue parte del acuerdo que hicimos con la mesa del sector público».
