El segundo Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA) de la Contraloría General de la República (CGR) reveló un importante desorden en 73 entidades públicas, que tienen falta de evidencia para validar sus estados financieros entre los años 2020 y 2024.
En el 100% de los casos revisados se emitió “abstención de opinión”, es decir, no fue posible confirmar la razonabilidad de las cifras presentadas por las instituciones fiscalizadas.
El organismo fiscalizador detalló que “este resultado se debe a que los auditores no lograron obtener evidencia suficiente y adecuada que respalde los saldos contables, principalmente por debilidades en los controles internos, inconsistencias en registros contables y falta de análisis que sustente las cifras reportadas”.
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También detectaron problemas en los sistemas informáticos y en la gestión de recursos.
“Todas estas situaciones impidieron asegurar la confiabilidad de la información financiera presentada por las entidades fiscalizadas, impactando en sus decisiones estratégicas y demuestran riesgo de gestión financiera deficiente, errores o fraudes”, apuntaron desde la Contraloría.
Las instituciones revisadas por la Contraloría y que revelaron el desorden existente fueron 50 del gobierno central y 23 del municipal. Los recursos involucrados alcanzan a $15,9 billones, que convertidos ahora serían US$17.300 millones: el 91% corresponde al gobierno central y el 9% restante al municipal.
Según El Mercurio, la cifra mencionada equivale a un sexto de todo el presupuesto de 2026.
DEFENSA Y VIVIENDA
Como resultado de las auditorías la CGR dispuso acciones disciplinarias: 27 sumarios, diez procedimientos internos y diez remisiones a organismos como el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
“Este escenario refleja riesgos significativos en la gestión financiera y la transparencia de las entidades públicas, afectando la confianza y la toma de decisiones estratégicas”, cerraron desde el organismo fiscalizador.
Por instituciones, el ministerio de Defensa lidera los recursos objetados en la “Abstención de Opinión” emitida por Contraloría, con un equivalente a US$4.568 millones. Le sigue la cartera de Vivienda, con US$1.870 millones y el ministerio del Interior, con US$1.753 millones.
En tanto, en el sector municipal las cifras cuestionadas ascienden a un total equivalente a US$1.605 millones.
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