La Corte de Apelaciones de Santiago revisará este martes 17 de febrero la solicitud de desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego. Esto, en el marco de la investigación por el caso ProCultura, que indaga el destino de millonarios recursos públicos transferidos a la fundación.
La audiencia estaba originalmente programada para el pasado 12 de febrero, pero fue suspendida a petición de la Fiscalía de Antofagasta. El Ministerio Público argumentó que la revisión debía postergarse debido a la cercanía con la apelación presentada para endurecer las medidas cautelares de los imputados en la causa.
Cabe precisar que, si el tribunal acoge la solicitud, Orrego perdería su fuero como autoridad electa, quedando habilitado para ser formalizado y eventualmente suspendido de sus funciones como gobernador regional.
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ESTE MARTES REVISARÁN DESAFUERO DE ORREGO
El caso se centra en un convenio suscrito entre el Gobierno Regional Metropolitano y la fundación ProCultura para ejecutar el programa de prevención del suicidio «Quédate», que contempló la transferencia de $1.600 millones.
Sin embargo, según una acción civil presentada por el propio Gobierno Regional, más de $1.015 millones no habrían sido rendidos por la fundación. Lo anterior motivó la investigación por eventual fraude al fisco.
En este contexto, el pasado 3 de febrero fueron formalizados cinco integrantes de ProCultura, incluido su fundador, Alberto Larraín. No obstante, el tribunal descartó la prisión preventiva y decretó medidas cautelares de menor intensidad, como el arraigo nacional.
El viernes pasado, el propio gobernador Claudio Orrego afirmó que el Gobierno Regional se encuentra en proceso de recuperar la totalidad de los recursos cuestionados, a través del cobro de pólizas de seguro exigidas al momento de firmar el convenio.
«En los próximos días vamos a recuperar el 100% de los recursos que se apropió indebidamente Procultura. Los $1.000 millones producto de las pólizas de seguro que nosotros le exigimos», aseguró la autoridad.
Orrego también indicó que este proceso cuenta con el respaldo del Consejo de Defensa del Estado. Asimismo, defendió la legalidad del procedimiento adoptado por el Gobierno Regional.
