La posibilidad de otorgar indultos a carabineros y militares condenados por violaciones a los DD.HH., delitos cometidos durante el estallido social abren un nuevo flanco político para el gobierno del presidente José Antonio Kast. El mandatario planteó que su administración evaluará los casos de funcionarios que actuaron durante la crisis social de 2019 y que hoy cumplen condenas.
El Ejecutivo sostiene que el indulto es una facultad constitucional del Presidente de la República. Sin embargo, la sola idea de revisar estas condenas generó un inmediato debate político y jurídico. La discusión se instala además en los primeros días de la nueva administración.
Críticos advierten que el tema tensiona el discurso de seguridad que marcó la campaña presidencial. Kast construyó buena parte de su capital político en torno a la promesa de terminar con la llamada “puerta giratoria”.
Senador Flores: contradicción con el discurso oficial
Uno de los cuestionamientos más directos provino del senador Iván Flores (DC). El parlamentario demócrata cristiano sostuvo que la discusión sobre indultos abre un problema político para el nuevo gobierno.
Flores afirmó que la medida sería “totalmente contradictoria” con el discurso de orden y seguridad impulsado por el Ejecutivo. El legislador agregó que instalar ese debate en los primeros días del gobierno abre un flanco innecesario para una administración recién asumida.
Según el senador, la prioridad del país debería concentrarse en enfrentar urgencias nacionales. Entre ellas mencionó las tareas de reconstrucción tras catástrofes recientes y la agenda de seguridad pública.
Incluso en el oficialismo reconocen incomodidad
El debate no solo se instaló en la oposición. La diputada Ximena Ossandón (RN) reconoció que el tema genera incomodidad en la opinión pública.
La parlamentaria señaló que no existe duda sobre la facultad constitucional del Presidente para otorgar indultos. Sin embargo, advirtió que se trata de una discusión políticamente compleja.
“No hay duda de que Kast puede indultar, pero es un tema que incomoda a la ciudadanía”, señaló la diputada al referirse a la controversia abierta por el anuncio.
Sus declaraciones reflejan el delicado equilibrio político que enfrenta el gobierno frente a este debate.
El problema político de fondo
El indulto presidencial es una herramienta contemplada en la Constitución. Permite al jefe de Estado dejar sin efecto o modificar una pena impuesta por los tribunales.
El problema, según los críticos, no radica solo en la facultad jurídica. La controversia apunta al mensaje político que transmite la medida en materia de justicia y seguridad.
Para los detractores del anuncio, indultar a uniformados condenados por delitos puede interpretarse como una señal de relativización de las sentencias judiciales. Y eso ocurre precisamente en un gobierno que prometió endurecer el combate contra el delito.
Un debate que recién comienza
El tema amenaza con convertirse en uno de los primeros conflictos políticos del gobierno de Kast. Sectores de derecha han defendido durante años a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social.
Pero al mismo tiempo, la discusión abre preguntas sobre coherencia política. Sobre todo en un contexto donde el Ejecutivo ha prometido cerrar espacios de impunidad en el sistema penal.
En ese escenario, la controversia sobre indultos instala una tensión evidente. El gobierno que prometió terminar con la “puerta giratoria” enfrenta ahora críticas por evaluar una herramienta que precisamente permite revertir condenas ya dictadas por la justicia.
