El Gobierno de José Antonio Kast sumó un nuevo giro en la crisis por las rebajas de condenas. Esta vez, La Moneda anunció que suspenderá la tramitación de todos los beneficios, sin distinguir entre delitos. Claro que sigue el autor (conocido) del desaguisado, el ministro Rabat. La decisión se mantendrá mientras se define el futuro del proyecto que pretende derogar la Ley 19.856.
La determinación contrasta con las explicaciones entregadas anteriormente por el Ministerio de Justicia. Fernando Rabat había defendido la legalidad de los decretos y sostenido que su cartera debía otorgar los beneficios cuando correspondía. Incluso desde palacio llegaron a calificar la actuación de «impecable». Posteriormente, el Ejecutivo reconoció que había sido un grave error y señaló la necesidad de corregir esas decisiones y anunció restricciones.
La sucesión de anuncios no ha puesto fin a la controversia. Por el contrario, nuevas investigaciones periodísticas han revelado decretos posteriores a las primeras medidas de suspensión. Pese a ello, Kast ha mantenido su respaldo al ministro responsable de la cartera, a pesar del vendaval que se le desató al gobierno. Oposición y oficialismo en masa han rechazado la actuación de Kast y su ministro. La ciudadanía ha repudiado dicho actuar.
Los decretos que contradijeron las explicaciones
La crisis comenzó con las rebajas concedidas a 56 condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. También se conocieron beneficios otorgados a condenados por crímenes de lesa humanidad. Las decisiones provocaron cuestionamientos jurídicos, políticos y de organizaciones vinculadas a las víctimas.
El 23 de octubre, Rabat anunció que suspendería la tramitación de determinados decretos mientras se impulsaban reformas legales. Sin embargo, el Ministerio continuó concediendo rebajas correspondientes a otras categorías de delitos. Entre ellas figuró una reducción de diez meses para un condenado por homicidio, firmada el 5 de noviembre.
A ello se sumaron antecedentes sobre condenados por narcotráfico. Ello, mientras que Edison Escobar García, beneficiado con una reducción de condena, fue nuevamente detenido por tráfico de drogas. El episodio profundizó las preguntas sobre los criterios aplicados por Justicia.
Una nueva «explicación» para otro cambio de criterio
El subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas, confirmó el 9 de noviembre la suspensión general de los decretos. Según explicó, Rabat había decidido detener su tramitación desde el jueves 5. La declaración introdujo otra contradicción: ese mismo día el ministro había firmado una nueva rebaja.
El Ejecutivo justificó la modificación por su respaldo a una iniciativa de los senadores Arturo Squella y Andrés Longton. El proyecto busca derogar completamente el mecanismo establecido en la Ley 19.856. Así, el Gobierno pasó de defender la aplicación de la norma a promover su eliminación para todos los delitos.
La nueva suspensión abre también una interrogante jurídica. La ley continúa vigente y el anuncio administrativo no equivale a su derogación. Corresponde establecer qué fundamento permite paralizar de manera general los procedimientos y cómo se resolverán las solicitudes pendientes.
Reinserción y hacinamiento quedan fuera del debate
La discusión legislativa introduce un problema distinto del que originó el escándalo. Una cosa es impedir beneficios para determinados delitos graves y otra eliminar los incentivos de reducción de condena para todos los internos. Ambas decisiones tienen consecuencias jurídicas y penitenciarias diferentes.
La Ley 19.856 contempla reducciones asociadas al comportamiento sobresaliente de las personas condenadas. Su finalidad incluye incentivar conductas favorables a la reinserción. Eliminar indiscriminadamente ese mecanismo podría debilitar esos incentivos, incluso respecto de condenados por delitos de menor gravedad.
También resulta necesario evaluar sus consecuencias para el sistema penitenciario. La eliminación de reducciones puede prolongar la permanencia de internos y aumentar la presión sobre establecimientos que ya enfrentan problemas de sobrepoblación. Una reforma de esta magnitud requiere examinar sus efectos antes de aprobarla.
Y, ¿Rabat? Bien, gracias
El elemento político que permanece inalterado es la continuidad de Fernando Rabat. El ministro encabezó la cartera cuando se concedieron los beneficios cuestionados y posteriormente anunció las medidas destinadas a corregir la situación. Ahora también participa en la respuesta gubernamental que busca terminar con el sistema.
La Moneda ha defendido su permanencia pese a los cuestionamientos y a las iniciativas parlamentarias dirigidas contra su gestión. La discusión sobre su responsabilidad política continúa abierta. El respaldo presidencial, entretanto, vincula directamente a Kast con las decisiones que adopte Justicia para enfrentar la crisis.
El Gobierno comenzó defendiendo las rebajas «impecables», luego restringió su aplicación por ser un claro «grave error» y finalmente anunció que pretende eliminarlas por completo. Cada cambio ha planteado nuevas preguntas sobre la coherencia de sus decisiones. Mientras se modifica una y otra vez la respuesta institucional, el ministro que encabezó las actuaciones cuestionadas sigue en su puesto.
