¿En qué quedó la seguridad? Mientras el candidato Kast juraba que era su prioridad absoluta, ahora en el gobierno desfinancia la lucha contra el crimen.
El discurso político suele ser elocuente, pero los presupuestos son honestos. Mientras el Gobierno del Presidente José Antonio Kast insiste en que la seguridad es su prioridad absoluta, las planillas del Ministerio de Hacienda cuentan una historia de abandono técnico. Bajo la premisa de un «ajuste parejo» del 3% para sanear las cuentas fiscales, el Ejecutivo ha decidido aplicar una poda de más de $97.000 millones a las instituciones que sostienen el estado de derecho. No es solo un ahorro; es un retroceso estratégico.
Circular 12/2026 Dipres
La contradicción es flagrante. No se puede exigir mayor eficacia policial si, al mismo tiempo, se le recortan $51.000 millones a Carabineros de Chile. Esta cifra no es un excedente burocrático; impacta directamente en la renovación de una flota vehicular ya diezmada y en el mantenimiento de cuarteles que son la única presencia del Estado en zonas críticas. Lo mismo ocurre con la PDI, que pierde $16.669 millones, afectando viáticos y operaciones de inteligencia en fronteras, justo cuando el crimen transnacional exige mayor despliegue.
Sin embargo, el golpe más silencioso y peligroso ocurre en los tribunales y fiscalías. El Poder Judicial enfrenta un recorte de $17.395 millones, una asfixia que pone en riesgo la atención ciudadana y la continuidad de jueces suplentes. Por su parte, el Ministerio Público pierde $7.064 millones, debilitando la persecución penal en un momento donde la complejidad de los delitos requiere más fiscales, no menos. ¿Cómo se explica que el mismo Gobierno que pide «mano dura» le quite los recursos a quienes deben aplicar la ley?
Abandono de calles y ciudadanos
El impacto llega incluso a los barrios. El Plan Calles Sin Violencia —la promesa de recuperar el territorio— sufre una rebaja de $1.787 millones, mientras que el programa «Somos Barrio Prioritario» retrocede en $3.526 millones. Es una paradoja peligrosa: se le pide a la ciudadanía confiar en el Estado mientras se desmantelan los programas preventivos que evitan que el joven de barrio termine captado por el narco.
El Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defiende este ajuste como una necesidad para la estabilidad económica del país. Pero la estabilidad no solo se mide en puntos del PIB; se mide en la tranquilidad de las familias al caminar por la calle. Un país con cuentas ordenadas pero con instituciones de seguridad desmanteladas es un país vulnerable.
La seguridad no se garantiza con cuñas de prensa ni con promesas de campaña; se garantiza con presupuesto, tecnología y personal capacitado. Al final del día, el gobierno de Kast debe responder una pregunta incómoda: ¿Se puede ganar la guerra contra el crimen quitándole las herramientas a quienes deben pelearla? Los datos sugieren que, por ahora, la austeridad le está ganando la batalla a la seguridad.
