El abogado de Galvarino Apablaza, Rodolfo Yanzón, presentó una denuncia ante la ONU con el fin de frenar el proceso para su detención y posterior extradición a Chile.
A juicio del legista, tanto Chile como Argentina “criminalizan al Sr. Apablaza Guerra de manera anticipada a cualquier condena judicial”.
Añadió en el escrito presentado ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, que “se puede inferir que su extradición responde a cuestiones políticas y que, eventualmente, cualquier proceso judicial en su contra carece de garantías de debido proceso”.
En el documento planteó también que existe un “riesgo de daño irreparable”, tanto por la eventual pena como por la edad y estado de salud del exfrentista.
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Yanzón expuso además que “el trámite de extradición debe ser nuevamente solicitado por Chile, ya que de acuerdo con el artículo 15 de la ley de refugiados 26.165 de Argentina, el iniciado en el año 2004 se encuentra cerrado”.
Para el abogado, la decisión de avanzar con la extradición de Apablaza Guerra cuando existen recursos pendientes, “es incompatible” con lo señalado por el Comité de que los Estados deben “velar por que la persona pueda ejercer su derecho a recurrir la orden de expulsión ante un órgano administrativo y/o judicial independiente dentro de un plazo razonable a partir de la notificación de la orden”.
El defensor aseveró ante el organismo de la ONU que es “imperativo otorgar medidas de protección en favor del Sr. Galvarino Apablaza Guerra, ordenando al Estado argentino se abstenga de hacer lugar la extradición hasta tanto se resuelva el trámite de asilo».
Pidió, asimismo, que «se analice la aplicabilidad del principio de no devolución en los términos del artículo 3 de la Convención contra la Tortura en un nuevo procedimiento de extradición con todas las garantías procesales correspondientes y con adecuada ponderación de las circunstancias del caso”.
