En las últimas semanas han ocurrido distintos casos de violencia escolar en diversas regiones del país, con estudiantes atacando con armas o intentando ingresar a sus colegios con elementos prohibidos.
A ello se suman amenazas de ataques difundidas en redes sociales, las cuales son situaciones que han alertado a las comunidades escolares.
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RECOMENDACIONES POR VIOLENCIA ESCOLAR
Debido a ello, la Policía de Investigaciones (PDI), a través de sus unidades especializadas en Cibercrimen y el Instituto de Criminología (Inscrim), entregó recomendaciones preventivas dirigidas a las comunidades educativas.
El subprefecto Cristian Villalobos, jefe de la Brigada de Cibercrimen, remarcó que “toda amenaza debe ser considerada como real, ya que este tipo de situaciones genera alarma pública y activa protocolos policiales de alta complejidad”.
Mientras que la psicóloga del Inscrim, Vania Saavedra, comentó que “existe un mayor consumo de parte de los jóvenes de las redes sociales. Este hábito, junto al acceso a discursos, contenidos, narrativas, puede legitimar el uso de la agresión o de la violencia como forma de expresión”.
En ese sentido, el profesional indicó que, a nivel mundial, cerca del 36% de los niños y jóvenes han sufrido algún tipo de violencia digital. En el caso de Chile, ha habido un aumento gradual desde la pandemia, con un “alza del 10% en denuncias durante 2024 (8.509 casos) respecto al año anterior, concentrándose en maltrato entre estudiantes y agresiones físicas”.
MEDIDAS ANTE ACOSO DIGITAL
Desde la institución hicieron hincapié en que, en caso de acoso digital, se debe resguardar evidencia digital, como capturas de pantalla, enlaces y nombres de usuario. Estos datos son “clave para el trabajo de análisis e identificación de los responsables por parte de las brigadas especializadas”.
En ese sentido, la PDI recordó que se deben hacer denuncias oportunas e informar a las autoridades del colegio correspondiente de manera inmediata.
Además, se alertó sobre evitar identificar, confrontar o exponer en redes sociales a los posibles autores, ya que esto podría “interferir en el desarrollo de la investigación y potencialmente constituir otros delitos”.
También se apuntó a la relevancia de que los colegios tengan protocolos de seguridad activos y en coordinación con las autoridades correspondientes.
En cuanto al rol de los adultos, la institución apuntó a la supervisión activa del uso de plataformas digitales por parte de niños, niñas y adolescentes, además del “fortalecimiento del diálogo sobre los riesgos y consecuencias legales asociadas a estas conductas”.
