El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) enfrenta dos discusiones que podrían modificar su funcionamiento: una reforma del Gobierno que reduciría sus atribuciones y una indicación de parlamentarios oficialistas que busca dejarlo sin presupuesto para 2027.
El proyecto del Ejecutivo mantiene suma urgencia y contempla eliminar la facultad del organismo para presentar querellas criminales. El instituto conservaría la posibilidad de interponer recursos de protección y amparo.
Lea también Oposición da 48 horas a Kast para remover a Rabat
La propuesta también reduciría su Consejo de 11 a cinco integrantes, crearía el cargo de director ejecutivo y disminuiría su dotación de personal.
El Gobierno sostiene que estos cambios fortalecerían la autonomía del INDH y concentrarían su labor en la prevención de vulneraciones a los derechos humanos. Asimismo, rechaza que la iniciativa implique un retroceso democrático.
DEBILITAMIENTO DE LA PERSECUCIÓN PENAL
Sin embargo, el director de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, cuestionó ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara la eliminación de las querellas. A su juicio, la medida debilitaría la persecución penal de graves violaciones a los derechos humanos, por lo que pidió mantener esa atribución.
La presidenta de la Asociación de Funcionarios del INDH, Áurea Muñoz, también objetó los fundamentos del proyecto. La dirigenta sostuvo que la propuesta incumple los Principios de París, invocados por el Ejecutivo para justificar los cambios.
En paralelo, diputados oficialistas presentaron una indicación para retirar el financiamiento del organismo en 2027, con miras a su eventual eliminación.
El diputado de Renovación Nacional Daniel Valenzuela defendió que el debate incluya la posibilidad de terminar con el instituto y cuestionó destinarle recursos que, según planteó, podrían financiar pensiones y salud.
Desde la oposición, la diputada comunista Lorena Pizarro advirtió que reducir las facultades del INDH dejaría a la población más expuesta a vulneraciones de sus derechos.
En ese contexto, la oposición solicitó al Gobierno retirar la suma urgencia para ampliar la discusión sobre el alcance de la reforma.
