Hace un par de días, el abogado Javier Rozas renunció ante el tribunal, al patrocinio y poder entregado por el ahora ministro de Vivienda, el causa del 11 Juzgado Civil de Santiago, rol 7847-2025. Así las cosas, no tendría mayor trascendencia, salvo que se trata de una demanda en su contra del Fisco de Chile que complica a Iván Poduje.
El pasado 11 de marzo, Iván Poduje asumió el liderazgo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Sin embargo, su llegada no estuvo marcada solo por los desafíos habitacionales del país, sino por una sombra jurídica que lo persigue desde sus días en el Consejo de Concesiones en el MOP: una demanda del Consejo de Defensa del Estado (CDE) por el reembolso de 12,4 millones de pesos, bajo la figura de «cobro de lo no debido».
Forma contra fondo
Si bien los defensores de su nombramiento se aferran a una lectura literal del Artículo 56 de la Ley 18.575, argumentando que no existe una inhabilidad legal estricta porque el litigio es con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y no con el Minvu, esta interpretación resulta, a lo menos, insuficiente cuando se analiza desde la ética política y la probidad administrativa.
El mentado artículo señalado, reza en lo pertinente: «Sin perjuicio de las inhabilidades especiales que establezca la ley, no podrán ingresar a cargos en la Administración del Estado: … Tampoco podrán hacerlo quienes tengan litigios pendientes con la institución de que se trata…»
Existen fundamentos de peso para cuestionar la propiedad de este nombramiento:
1. La Indivisibilidad del Fisco
Desde una mirada formalista, se puede separar al MOP del Minvu. Pero desde una perspectiva de Estado, el Fisco es una unidad jurídica indivisible representada por el CDE.
Resulta una contradicción vital que un Ministro de Estado —cuya función principal es velar por el interés público— mantenga una disputa judicial vigente siendo demandado el organismo que protege el patrimonio de todos los chilenos.
¿Cómo puede una autoridad sentarse a administrar fondos públicos mientras se resiste a devolver aquellos que el propio Estado considera cobrados de manera indebida?
2. La Asimetría de Poder y el Conflicto de Interés
Un ministro no es un ciudadano común. Su posición de poder genera una presión implícita sobre los organismos encargados de perseguir su deuda. Al ser parte del gabinete, Poduje se convierte en «jefe» político de la administración pública, lo que nubla la imparcialidad de cualquier proceso judicial en su contra.
La ética pública exige no solo ser honesto, sino también parecerlo, evitando cualquier escenario donde el poder político pueda ser usado para dilatar o influir en una deuda personal.
3. La Ejemplaridad del Cargo
El estándar de conducta para un alto mando no puede ser el mínimo legal («mientras no esté prohibido, está permitido»). El liderazgo de una cartera ministerial requiere una solvencia moral que no deje flancos abiertos.
Sostener que se cumplió con el trabajo pero se omitieron requisitos académicos para el cobro de honorarios es, en el mejor de los casos, una desprolijidad administrativa que resta autoridad para exigir rigor y transparencia a sus subalternos y a la ciudadanía.
Esto, aunque la Contraloría pueda dar luz verde basándose en la especificidad de los ministerios, el costo político y ético para el gobierno de José Antonio Kast es evidente. Un ministro en litigio con el Estado es un ministro con una grieta en su credibilidad.
Preguntas abiertas
¿Se informó esta situación al momento del nombramiento? Porque si Presidencia conocía el litigio y aun así avanzó, el problema escala institucionalmente.
Y si no lo conocía, entonces la pregunta es peor: ¿Hubo omisión relevante en la declaración de antecedentes?
En política, lo que es legal no siempre es correcto, y en este caso, la insistencia en permanecer en el cargo sin haber saldado previamente su deuda con el Fisco parece priorizar la defensa personal por sobre la dignidad de la investidura ministerial.
Desgraciadamente, la desprolijidad en los nombramientos públicos del gobierno de «excelencia» y emergencia, no solo con las vocerías, los seremis o los embajadores no ha pasado la prueba. Alguna vez alguien dijo: «Al gobierno no se viene a aprender ni a practicar»…
