El diputado republicano Alejandro Riquelme defendió a su pareja, Susana Chicui, respecto de un supuesto fraude con un subsidio en el Minvu de Magallanes en 2022, donde accedió a una ayuda de vivienda destinado preferentemente a población vulnerable.
En ese tiempo «estábamos separados», justificó el parlamentario.
De acuerdo con la irregularidad informada a principios de mayo por funcionarios del Servicio al ministro de Vivienda, Iván Poduje, también en esos años era, además de pareja, socia comercial del entonces consejero regional y hoy diputado por el Partido Republicano.
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Hoy, a través de una declaración pública en su cuenta de Instagram, Riquelme asguró que se han difundido «antecedentes falsos» del caso y que «el proyecto habitacional cuestionado se enmarca en un convenio Gore-Minvu del año 2021, aprobado antes de que yo asumiera como consejero regional y participara en política».
«La información disponible indica que: se accedió al subsidio de acuerdo con la evaluación realizada por la asistente social de la entidad patrocinante encargada por Serviu, durante el año 2022. Cuando mi expareja postuló al subsidio: estábamos separados y sin convivencia», agregó.
«Quiero ser claro, siempre colaboraré con la justicia y con cualquier otro organismo que lo requiera y espero que esto se investigue y aclare a la brevedad. Reafirmo mi apego irrestricto a la ley y descarto además, cualquier imputación de irregularidad o delito alguno», sostuvo el parlamentario en su publicación.
Asimismo, llamó «a respetar el principio de igualdad ante la ley» y también «la Presunción de Inocencia e Imparcialidad en la Investigación; que en este caso no se han respetado».
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PODUJE: «TODOS IGUALES ANTE LA LEY»
Por su parte, el ministro Poduje confirmó que hay una denuncia que afectaría a la pareja del diputado republicano Alejandro Riquelme, por aparentemente haber omitido información para la obtención de un subsidio habitacional destinado a familias vulnerables.
“La información que nosotros tenemos es que efectivamente esta denuncia está hecha y nosotros estamos con un plan de fiscalización del mal uso de las viviendas sociales”, explicó a la prensa.
Añadió que “esto afecta a todos los ciudadanos por igual, nadie se queda al margen de eso, todos son iguales ante la ley”.
Poduje aseveró que siempre están realizando revisiones para evitar este tipo de situaciones y que «hoy día tenemos tres mil casos en revisión».
El ministro aseguró que hay que “aumentar la fiscalización, porque cada vivienda social que se ocupa de forma irregular es un hogar vulnerable que se queda sin casa y eso no lo podemos permitir como ministerio”.
