El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, confirmó que el Serviu Magallanes remitió al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) los antecedentes por presuntas irregularidades en el mecanismo de reemplazos de beneficiarios para acceder a un subsidio para viviendas destinadas al 40% de la población más vulnerable, de parte de la pareja del diputado republicano Alejandro Riquelme y de la del director del Serviu regional, Dubalio Pérez.
Todo surge a raíz de una denuncia que presentó una de las asociaciones de funcionarios al secretario de Estado durante en su visita a la región, que le entregó una carpeta con la información, según reportó la Prensa Austral.
De acuerdo con el medio citado, Susan Chicuy Godoy, pareja del diputado y madre de sus tres hijos, se adjudicó un subsidio habitacional del Programa Fondo Solidario de Vivienda, aplicado en el complejo habitacional “Estepa Austral I”, mediante la Resolución Exenta N°1117, de fecha 7 de julio de 2022, suscrita por la entonces jefa de Operaciones Habitacionales, Jacqueline Lleucún Uribe.
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La trama es que el 8 de junio de 2022 la Entidad Patrocinante Salfa Austral solicitó cursar dos reemplazos en los proyectos Estepa Austral I, debido a que los beneficiarios habían realizado giros de su cuenta de ahorro para la vivienda posteriores al otorgamiento del beneficio.
La resolución fue acompañada de una ficha de revisión presentada por profesionales del Area Social de la Entidad Patrocinante.
NO DECLARARON A SUS PAREJAS
Según el Registro Social de Hogares de Chicuy se declara soltera y madre de cuatro hijos. En el momento de los hechos, tres de ellos eran menores de edad. Dentro de su hogar incluyó además a su madre y declaró que vivía en una casa con dos dormitorios, sin sistema de distribución de agua y con baño conectado a fosa séptica, ubicada en una zona rural de Punta Arenas.
En esa época el actual diputado Riquelme era consejero regional por la provincia de Magallanes, misma instancia que aprobó el cofinanciamiento de estas soluciones habitacionales con subsidio entregadas en diciembre de 2023.
En la indagación de este caso se descubrió además que usó el mismo mecanismo de reemplazo Julia López, pareja del anterior director del Serviu regional, Dubalio Pérez, quien estuvo en el cargo hasta el 1 de marzo de 2022.
Se detectó que ambas personas no declararon en su RSH a sus parejas (el diputado y el ex director).
Esto les permitió tener una calificación socioeconómica distinta a la real, permitiendo cumplir con el requisito para ser consideradas como reemplazos hábiles.
EL MECANISMO DE REEMPLAZO
El DS 49, tiene por objetivo promover el acceso de las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad a una solución habitacional, preferentemente aquellas que pertenezcan al 40% del Registro Social de Hogares. Sólo se permite 30% de familias pertenecientes hasta el 90% del registro en caso de postulaciones colectivas.
El programa DS49 tiene una modalidad que es postulación grupal con agrupación de vivienda.
En ella, una entidad patrocinante (EP) presenta el proyecto al Serviu para evaluación y posterior postulación.
Sin embargo, cuando algunas familias salen del grupo por no cumplir requisitos o por sacar ahorros, por ejemplo, la entidad patrocinante presenta los antecedentes de las personas que ingresarán como reemplazo.
En este caso en particular era la entonces jefa del Departamento de Operaciones Habitacionales del Serviu, Jacqueline Lleucún Uribe, quien proponía directamente a las personas específicas que serían incorporadas como beneficiarias.
De acuerdo con la denuncia la Entidad Patrocinante, Inmobiliaria Salfa Austral Ltda., formalizaba posteriormente la solicitud con el nombre ya sugerido por la funcionaria.
PODUJE: «QUITARON EL CUPO A UNA FAMILIA VULNERABLE»
Según el comidillo de quienes estuvieron cuando el ministro Iván Poduje recibió la carpeta con los antecedentes relativos a la pareja del diputado Alejandro Riquelme, el secretario de Estado pidió hablar con el parlamentario y le enrostró que “le quitaron el cupo a una familia vulnerable”.
Este respondió que todo era legal y el ministro ordenó enviar a un fiscalizador.
El pasado 8 de mayo, a través de un oficio ordinario, el director subrogante del Serviu Magallanes, Omar González, remitió los antecedentes a la Fiscalía Regional. “Este servicio ha tomado conocimiento de antecedentes que podrían revestir carácter de delito vinculados a procesos de asignación de subsidios habitacionales”, se afirma en el Oficio Ordinario N°64.
Eso fue confirmado por la fiscal Johanna Irribarra, fiscal jefa de Punta Arenas.
RIQUELME :»NO IMPLICA CULPABILIDAD»
Consultado por Emol, el diputado Riquelme negó estar siendo investigado por algún delito relacionado con el subsidio de su pareja.
Aseguró que la derivación de información “no implica culpabilidad, irregularidad ni responsabilidad alguna” y recalcó que el proyecto cuestionado fue revisado y aprobado hace cuatro años por los organismos competentes.
“Llama profundamente la atención que este tipo de filtraciones aparezcan precisamente cuando hemos intensificado la fiscalización sobre irregularidades relacionadas con la compra de terrenos y construcción de viviendas en Magallanes”, retrucó.
