El oficialismo pide a José Antonio Kast poner orden, evitar errores y entregar insumos para jugarse por la Megarreforma. Hasta ahora, señalan, el desorden está creando incertidumbre.
Los partidos del oficialismo elevaron una señal de alerta al gobierno de José Antonio Kast en medio de la tramitación de la denominada Megarreforma, solicitando a La Moneda evitar nuevos errores políticos y mejorar la entrega de información para defender el proyecto en el Congreso.
La petición surge en un momento clave para el Ejecutivo, que prepara el ingreso formal del Plan de Reconstrucción Nacional —principal iniciativa del gobierno— y que busca avanzar con rapidez en su tramitación legislativa. El proyecto contempla más de 40 medidas, combinando rebajas tributarias, incentivos a la inversión y mecanismos de financiamiento para la reactivación económica.
Mayor coordinación política
Dirigentes oficialistas han manifestado inquietud por la forma en que se ha comunicado la reforma, advirtiendo que errores iniciales y señales contradictorias desde el propio gabinete han dificultado su defensa pública.
En ese contexto, los partidos han solicitado al Ejecutivo entregar “insumos” claros —argumentos técnicos, cifras y lineamientos políticos— para respaldar el proyecto frente a las críticas de la oposición y ante la ciudadanía.
La preocupación no es menor: la estrategia del gobierno considera un despliegue activo de ministros en medios de comunicación, con figuras clave como el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el titular de la Segpres, García Ruminot, quienes han asumido la vocería del proyecto.
Fuego amigo
Uno de los factores que ha generado inquietud es la existencia de señales divergentes dentro del Ejecutivo respecto al alcance político de la reforma.
Mientras desde la Segpres se ha enfatizado que la iniciativa es “clave” para el éxito del gobierno, el ministro de Hacienda ha relativizado ese impacto, señalando que el destino de la administración no depende exclusivamente del proyecto.
Estas diferencias han obligado a otros actores del gabinete a intervenir para matizar el mensaje y evitar una lectura de descoordinación interna.
Puentes en el Congreso
En paralelo, La Moneda ha intensificado las gestiones para asegurar votos en el Congreso, donde requiere apoyos fuera de su base para aprobar la idea de legislar.
El Ejecutivo ha puesto especial foco en bancadas clave como el Partido de la Gente (PDG), donde no existe una postura unificada. Algunos parlamentarios han mostrado disposición a respaldar la iniciativa, mientras otros mantienen reparos, especialmente en materias que afectan a la clase media.
Este escenario obliga al gobierno a combinar su estrategia legislativa con un esfuerzo político para ampliar respaldos y reducir resistencias. Ello, mientras el ministro de Vivienda se dedica a quemar puentes con RN, la DC y el PS.
Bajo presión
La Megarreforma se ha instalado como el eje central del gobierno de Kast, pero también como uno de sus principales focos de tensión.
El debate se da en medio de cuestionamientos por el impacto de medidas como la rebaja del impuesto corporativo y los recortes de gasto público, lo que ha generado críticas tanto desde la oposición como desde sectores del propio oficialismo.
En ese contexto, la solicitud de los partidos oficialistas apunta a reforzar la conducción política del proceso y evitar que errores comunicacionales o diferencias internas debiliten la viabilidad de la reforma.
Tener los votos no es suficiente
La advertencia del oficialismo refleja un diagnóstico compartido: el éxito de la Megarreforma no dependerá únicamente de su contenido técnico, sino de la capacidad del gobierno para ordenar su estrategia política y alinear a sus propios aliados en el Congreso.
Con la tramitación legislativa en marcha y un escenario político complejo, La Moneda enfrenta el desafío de consolidar apoyos y evitar nuevos tropiezos en la que es, hasta ahora, su principal apuesta de gobierno.
Los votos estarían con el PDG, al menos en la cámara baja, pero eso no basta, Menos cuando se comunicó la suma urgencia al proyecto. El ministro José García Ruminot confirmó un nuevo plazo de 15 días para la tramitación en la Cámara, mientras el Ejecutivo afina apoyos con el PDG en medio de críticas opositoras. O sea, no habrá discusión seria. Mal pronóstico.
