Defensa de Ángela Vivanco pide conocer la declaración de Gonzalo Migueles en trama bielorrusa. Solicitó audiencia de cautelar de garantías «urgente» y exclusiva para la exministra. Eso, mientras se encuentra pendiente una audiencia de rebaja de medidas cautelares.
La defensa de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco solicitó una audiencia para acceder a la declaración de Gonzalo Migueles, su pareja y uno de los principales imputados en la denominada trama bielorrusa, en un movimiento que vuelve a tensionar una de las investigaciones por corrupción judicial más delicadas que ha enfrentado el sistema judicial chileno en las últimas décadas.
Reserva de la declaración
La solicitud fue presentada por la defensora penal pública Patricia Alvarado. Ello, luego de que la Fiscalía decidiera mantener bajo reserva la declaración que Migueles entregó el 23 y 24 de abril ante el OS7 de Carabineros. Esa diligencia es considerada clave por los intervinientes debido a que es la primera vez que el imputado declara formalmente en la causa.
Migueles cumple actualmente prisión preventiva y, según la tesis del Ministerio Público, habría actuado como intermediario en los pagos que los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos realizaron para favorecer judicialmente al consorcio Belaz Movitec en su litigio con Codelco. Esto, mientras Vivanco, su expareja integraba la Tercera Sala de la Corte Suprema.
¿Testimonio clave?
La relevancia de su testimonio es especialmente sensible para la estrategia de defensa de Vivanco. Esto, porque podría afectar directamente uno de los ejes centrales de la investigación: determinar si la exsuprema conocía, autorizaba o participaba de las gestiones y pagos que, según Fiscalía, se realizaban a través de Migueles para influir en resoluciones judiciales.
En la presentación judicial, la defensa de Vivanco acusó que la reserva decretada por el Ministerio Público vulnera garantías básicas del debido proceso. Sostuvo que la negativa de acceso resulta “inoponible” respecto de un antecedente que involucra directamente a una coimputada en la causa.
El tribunal, antes de resolver, pidió un informe formal a la Fiscalía para que explique las razones de mantenerla bajo reserva. Concedió un plazo de tres días al ente persecutor para pronunciarse.
Crisis histórica
La disputa abre un nuevo capítulo en una investigación que ya provocó una crisis histórica dentro del Poder Judicial. Vivanco fue removida por unanimidad de la Corte Suprema en octubre de 2024 y fue acusada constitucionalmente, tras el estallido del caso Hermosilla. Posteriormente fue formalizada por delitos de cohecho y lavado de activos en la arista vinculada al consorcio Belaz Movitec.
Según la imputación fiscal, el consorcio habría obtenido resoluciones favorables y pagos millonarios derivados del conflicto judicial con Codelco gracias a gestiones irregulares realizadas desde el entorno de la entonces ministra. La Fiscalía sostiene que parte de esos pagos eran canalizados a través de Migueles.
«Caso grave»
La causa ha sido considerada internamente como uno de los expedientes más graves abiertos contra integrantes del máximo tribunal. Lo anterior, debido al eventual impacto sobre la independencia judicial. De hecho, durante una audiencia realizada en noviembre pasado, una magistrada advirtió que el Ministerio Público debía aclarar “cada una” de las inconsistencias denunciadas por las defensas, calificando la situación como “bastante grave».
En ese contexto, la declaración de Migueles aparece como una pieza estratégica tanto para Fiscalía como para las defensas. No solo porque podría confirmar o debilitar parte de la tesis persecutora, sino también porque puede redefinir responsabilidades. Todo ello, dentro de una investigación que sigue golpeando la credibilidad del sistema judicial chileno.
