El Partido Demócrata Cristiano (DC) manifestó su “preocupación y rechazo” a la indicación promovida por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, que obliga a establecimientos de salud y educación, tanto públicos como privados, a entregar información sobre personas migrantes en situación irregular cuando sea requerida por la autoridad competente.
A través de una declaración pública, la colectividad sostuvo que, si bien el Estado tiene el derecho y deber de controlar la migración y resguardar las fronteras, estas acciones deben ejecutarse “dentro del marco constitucional, legal y de los tratados internacionales ratificados por Chile”.
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El partido advirtió además que la medida podría inhibir el acceso oportuno a prestaciones esenciales, especialmente en el caso de niños, niñas y adolescentes, afectando principios fundamentales protegidos por la legislación chilena y el derecho internacional de los derechos humanos.
“DOCENTES Y MÉDICOS NO DEBEN SER AGENTES MIGRATORIOS”
La DC también criticó que la propuesta traslade funciones de fiscalización migratoria a establecimientos educacionales y centros de salud, señalando que ello “desnaturaliza su función principal” y debilita la confianza entre las instituciones públicas y las personas.
“Profesionales de la salud, docentes y comunidades educativas no deben transformarse en agentes auxiliares de control migratorio”, sostuvo la colectividad en el documento.
En la declaración, el partido enfatizó que una política migratoria eficaz debe equilibrar seguridad, legalidad, integración y respeto a los derechos fundamentales, evitando medidas que puedan resultar discriminatorias o incompatibles con el acceso universal a servicios esenciales.
LLAMADO AL SENADO PARA REVISAR LA INICIATIVA
El DC reconoció que Chile enfrenta desafíos migratorios complejos, especialmente en materia de ingreso irregular, crimen organizado transnacional y presión sobre los servicios públicos. Sin embargo, insistió en que las medidas de control no deben comprometer garantías fundamentales.
Finalmente, la colectividad hizo un llamado al Gobierno y al Senado a revisar la iniciativa y promover soluciones “responsables, eficaces y humanitarias”, reafirmando su compromiso con una política migratoria “seria, ordenada, moderna y humana”.
