Por seis delitos consumados de apropiación indebida en el marco de la arista Antofagasta del denominado caso ProCultura será formalizado por la Fiscalía Regional de Antofagasta formalizará, a partir de las 8:30 horas de este lunes, al director ejecutivo de la fundación, Alberto Larraín, y la representante legal, Constanza Gómez.
Esta será la segunda vez que el Ministerio Público formalizará cargos en contra de Larraín y Gómez. La primera fue a raíz de la arista de la Gobernación Metropolitana en la misma causa, donde incluso se despacharon órdenes de detención en contra de ambos, pero el tribunal rechazó decretar la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía.
Ahora, de acuerdo con la indagación del fiscal Cristián Aguilar, a ambos se les imputa responsabilidad directa en las irregularidades detectadas en los convenios que suscribió la ONG con el gobierno regional de Antofagasta y la seremi de Vivienda de la misma región.
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Uno de ellos es la ejecución del convenio denominado “Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica Antofagasta”, que implicó que el Gore, bajo la dirección de Ricardo Díaz, transfiriera $629.815.000 a ProCultura.
Asimismo, hay al menos cuatro convenios que la ONG firmó con la seremi de Vivienda de Antofagasta, que derivaron en que se le transfirieran más de $500 millones a la citada entidad privada.
Todo esto sin que se hiciera un concurso para la adjudicación de los fondos, y sin que luego se efectuara una correcta verificación de la utilización de los dineros en relación con la labor que se había encomendado, como luego observó Contraloría.
Consultado por la audiencia de este lunes, donde el director ejecutivo de ProCultura será formalizado, el abogado de Larraín, Cristián Arias, dijo que “el esquema de imputación que hará el Ministerio Público es el mismo que fracasó estrepitosamente en Santiago, tanto en garantía, como en la Corte de Apelaciones. No vemos que pueda traer un nuevo repertorio, salvo que ahora se ha plegado a la tesis, igualmente peregrina, del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que también fracasó en ambas instancias”.
