La acusación constitucional anunciada por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario (PNL) contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau comenzó a enfrentar sus primeras dificultades políticas, luego de que sectores clave de la oposición optaran por la cautela y evitaran comprometer respaldo inmediato al libelo.
Aunque el anuncio surgió tras la controversia generada por las supuestas inconsistencias detectadas en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) de 2025, reveladas por el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, tanto la UDI como Renovación Nacional señalaron que aún evalúan la viabilidad constitucional y política de la ofensiva.
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Desde la UDI, la diputada Flor Weisse sostuvo que los antecedentes conocidos “son de gravedad”, pero advirtió que la bancada estudiará “en profundidad” las eventuales infracciones constitucionales antes de tomar una decisión definitiva. La parlamentaria también recalcó que una acusación de este tipo requiere asegurar los votos necesarios para prosperar.
En la misma línea, el diputado Diego Schalper afirmó que RN revisará la próxima semana los antecedentes y los informes jurídicos elaborados por sus equipos antes de resolver si se suma al proceso. Paralelamente, planteó que los hechos deberían ser remitidos a la Contraloría y eventualmente al Consejo de Defensa del Estado.
PDG TOMA DISTANCIA Y CUESTIONA IMPACTO REAL
La postura más crítica frente a la ofensiva provino desde el Partido de la Gente. La diputada Zara Parisi marcó distancia de la acusación constitucional y sostuvo que este tipo de acciones “no recupera recursos ni corrige eventuales fallas”.
La parlamentaria enfatizó que la ciudadanía exige “rigor, control y uso responsable de los recursos”, pero advirtió que el foco debe estar en la transparencia y las responsabilidades concretas más que en herramientas políticas que podrían transformarse en un gesto simbólico.
Una visión similar expresó la diputada Joanna Pérez, quien señaló que su partido no ha sostenido conversaciones formales con los impulsores del libelo y advirtió que una acusación constitucional sin respaldo suficiente “termina siendo solo un anuncio político”.
GOBIERNO ADMITE IMPACTO EN CLIMA LEGISLATIVO
La controversia también comenzó a tensionar la agenda legislativa del Ejecutivo. El biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, reconoció que la eventual acusación “afecta el ánimo de discusión en el Parlamento”, especialmente en momentos en que el Congreso tramita el proyecto de Reconstrucción Nacional.
Si bien sostuvo que la acusación constitucional corresponde a una facultad exclusiva de la Cámara de Diputadas y Diputados, admitió que el proceso podría complejizar el ambiente político y legislativo.
“No sería serio negar que afecta el ánimo de discusión en el Parlamento, pero hay que convivir con las cosas que pasan”, señaló.
La ofensiva contra Grau se originó luego de que Hacienda denunciara un desfase equivalente a 2,9% del PIB en las proyecciones de deuda pública contenidas en el IFP del cuarto trimestre de 2025, situación que derivó en cuestionamientos sobre la administración fiscal del gobierno anterior encabezado por Gabriel Boric.
Johannes Kaiser y AC contra exministro Grau: "Desde la vuelta de la democracia no habíamos tenido un caso como este".
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— Ex-Ante (@exantecl) May 26, 2026
