El debate sobre el futuro Registro Nacional de Vándalos sumó un nuevo elemento este lunes luego de que el fiscal nacional, Ángel Valencia, sugiriera ampliar la iniciativa para incorporar a personas condenadas por delitos económicos y otros ilícitos, más allá de los hechos asociados a desórdenes e incivilidades.
La propuesta surge tras el anuncio realizado por el presidente José Antonio Kast durante su primera Cuenta Pública, donde presentó la creación de un registro destinado a identificar a quienes participen en actos vandálicos.
UN ALCANCE MÁS AMPLIO
Desde las afueras del Congreso Nacional, Valencia valoró la iniciativa y afirmó que la existencia de un registro puede resultar positiva, aunque advirtió que cualquier mecanismo de este tipo debe ajustarse a los estándares internacionales sobre protección de datos personales.
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Sin embargo, el jefe del Ministerio Público fue más allá del diseño original de la medida y planteó la posibilidad de incorporar a personas condenadas por delitos económicos y otras conductas ilícitas, argumentando que ello podría contribuir a generar soluciones más efectivas en materia de seguridad y cumplimiento de la ley.
DEBATE SOBRE INCENTIVOS Y SANCIONES
El fiscal también abordó la posibilidad de que quienes figuren en el registro enfrenten restricciones para acceder a determinados beneficios estatales. En ese contexto, sostuvo que las políticas públicas deben contemplar incentivos y desincentivos orientados a promover el respeto por las normas.
A juicio de Valencia, las conductas consideradas incivilidades no deben minimizarse, ya que pueden transformarse en la antesala de delitos de mayor gravedad si no existe una respuesta oportuna del Estado.
PROTECCIÓN DE DATOS EN EL CENTRO DE LA DISCUSIÓN
Las declaraciones del persecutor añaden una nueva dimensión al debate legislativo que podría abrirse en torno a la iniciativa presidencial. Mientras el Gobierno busca fortalecer las herramientas para combatir el vandalismo, la discusión también deberá abordar los límites legales, la protección de datos personales y la definición de qué conductas justificarían la incorporación de una persona a un registro público de esta naturaleza.
La propuesta, por ahora, instala una interrogante sobre si el concepto de “vándalo” podría extenderse a otras formas de infracción que generan impacto social y económico, ampliando significativamente el alcance originalmente planteado por el Ejecutivo.
