El Gobierno abrió un espacio para modificar el proyecto que crea el Registro Nacional de Personas Condenadas por Actos Vandálicos e Incivilidades, luego de las dudas planteadas en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados sobre el carácter público de la información y sus eventuales efectos reputacionales.
Durante la sesión, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, defendió la constitucionalidad de la iniciativa, pero reconoció que el Ejecutivo está disponible para perfeccionar su diseño en la discusión en particular, especialmente en lo referido a quiénes podrán consultar el registro y cómo se presentará la información de las personas inscritas.
AJUSTES AL ACCESO Y TIPO DE INFORMACIÓN
Uno de los principales cuestionamientos de los parlamentarios apunta a la publicidad del registro. Alvarado sostuvo que el proyecto no altera el principio general de publicidad de las sentencias judiciales, ya que las condenas actualmente son públicas. Sin embargo, admitió que podrían incorporarse categorías, niveles o referencias al tipo de infracción que dio origen a la inscripción.
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El ministro también abrió la puerta a regular de manera más precisa quiénes estarán habilitados para consultar la información. Según explicó, eventuales cambios en esa línea no afectan el fondo del proyecto ni ponen en duda su constitucionalidad, sino que apuntan a mejorar la forma en que se organiza y entrega la información.
DEFENSA DE LA PROPORCIONALIDAD
Frente a las críticas por la dureza de las sanciones, Alvarado afirmó que la inscripción en el registro corresponde a una pena complementaria y distinta a la sanción principal de cada delito. Precisó que los actos vandálicos asociados a crímenes o simples delitos permanecerán cinco años en el registro, mientras que las incivilidades consideradas faltas estarán inscritas por un año.
El secretario de Estado agregó que la reincidencia podrá aumentar esos plazos y que solo los casos más graves activarán el régimen agravado. También descartó que la norma tenga un sesgo económico, asegurando que se aplicará por igual a todas las personas que se encuentren en la misma hipótesis legal.
ARRAU VINCULA INCIVILIDADES CON INSEGURIDAD
En la misma sesión, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, expuso por primera vez sobre la iniciativa y defendió el registro como una herramienta preventiva frente al deterioro del espacio público. Según planteó, conductas como rayados no autorizados, microbasurales, comercio ilegal o consumo de alcohol y drogas en espacios públicos inciden directamente en la percepción de inseguridad.
Arrau citó datos de la Enusc 2024, según los cuales el 87% de las personas percibe un aumento de la delincuencia a nivel nacional. En esa línea, afirmó que las incivilidades no deben ser vistas como hechos menores, sino como señales de desorden que pueden escalar hacia problemas mayores de convivencia y seguridad.
El ministro también respondió a las críticas sobre los efectos del registro en beneficios sociales. Aseguró que las medidas más gravosas, como la suspensión de gratuidad o PGU, se aplicarían exclusivamente a 14 delitos de mayor gravedad y no a conductas como evasión del transporte o rayados.
Finalmente, recalcó que el registro no incluirá sospechosos, sino únicamente personas condenadas mediante sentencia firme y ejecutoriada. Con ello, el Gobierno busca sostener la legitimidad de una propuesta que seguirá siendo discutida en particular, ahora con la posibilidad de ajustes en sus aspectos más sensibles.
Avanzamos en la agenda legislativa para fortalecer la seguridad.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau; el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado; el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero; y el subsecretario… pic.twitter.com/QJjXy715it
— Subsecretaría de Prevención del Delito (@SubPrevDelito) July 6, 2026
