La diputada y exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), anunció que presentará una querella por denuncia calumniosa en contra del actual alcalde, Mario Desbordes, en medio de una nueva arremetida judicial del jefe comunal por el caso de la fallida compra de la clínica Sierra Bella por parte del municipio.
Recordemos que la causa fue investigada por más de dos años y terminó con el sobreseimiento al no configurarse delito.
«Es lamentable que el alcalde Desbordes busque reinstalar una discusión que ya fue resuelta por la justicia chilena», acusó su antecesora.
Lea también: En formalización de exjueza Verónica Sabaj fiscalía pide su prisión preventiva
«La causa Sierra Bella fue objeto de una amplia investigación que se prolongó por más de dos años y concluyó con el sobreseimiento, dado que los hechos no constituyeron delito alguno. Sin embargo, el alcalde busca manipular la justicia para hacer un punto político sobre hechos que ya fueron investigados y respecto de los cuales existe una resolución firme», añadió.
A su juicio, «persistir en las mismas acusaciones responde a una estrategia política y comunicacional inaceptable». Agregó que «por eso presentaremos una querella por denuncia calumniosa ante lo que ha sido una persecución política sistemática del alcalde».
COSA JUZGADA
Según su abogado, Miguel Schürmann, la querella apunta a resguardar la honra de Hassler.
«La causa Sierra Bella fue objeto de una extensa investigación que se prolongó por más de dos años y concluyó con el sobreseimiento, estableciéndose que los hechos investigados no constituían delito», explicó.
«Lo mínimo que uno puede esperar de las autoridades públicas es respetar las instituciones. Aquí simplemente se está burlando del accionar de la justicia, el principio de única persecución y la cosa juzgada», sostuvo.
El defensor fue enfático en descartar -como argumentó el alcalde Desbordes- que hubiera una obligación derivada de un informe de Contraloría para presentar acciones judiciales.
«Al contrario, la Contraloría sabía que estos hechos ya fueron investigados penalmente, por eso defiende su facultad para juzgar la responsabilidad administrativa, sabiendo que sobre lo penal hay cosa juzgada», aclaró.
En ese ocasión se descartó la existencia de delito.
En enero de 2023 el organismo contralor detectó irregularidades en los procedimientos internos asociados al contrato y a los pagos que el municipio buscaba concretar para la compra del recinto hospitalario.
