El siniestro del verano que quemó al menos 20 locales en el histórico mercado de abastos del centro de Santiago dejó al descubierto los graves problemas entre los locatarios y las formas poco transparentes y hasta “mafiosas” en que se ha administrado la Vega Central por décadas, con denuncias en la esfera penal, laboral y en policía local, abrieron una verdadera guerra civil.
Gestiones judiciales fallidas, amenazas, directivas paralelas, autos de lujo, fondos comunitarios sin dinero, y una verdadera guerra civil entre dueños históricos y nuevos propietarios quedó al descubierto en las últimas semanas en la Vega Central de Santiago.
En la madrugada del 8 de febrero de este año, entre las calles Lastra y Salas se originó un incendio que afectó a 54 locales afectados.
Los locatarios calificaron el siniestro como una “tragedia”, ya que si bien no se registraron empleados o civiles heridos, y solo una voluntaria de Bomberos que tuvo una lesión menor, sin complicaciones, las pérdidas económicas se arrastrarían por al menos el primer semestre del año.
En su momento, el entonces administrador general del Mercado Vega Central, Germán Meyer, destacó la rápida reacción de trabajadores y voluntarios y que Bomberos “sectorizara los daños”.
LA MANZANA EN LLAMAS
“Esto podría haber sido de proporciones y superior. El incendio afectó un sector denominado Manzana”, explicó Meyer en esos días de verano, aunque adelantó que “se perdió absolutamente todo”.
Ese día, el secretario por entonces de la directiva, Christian Cuevas, aseguró a los medios que “lo que ocurrió hoy día es una desgracia muy grande. No se nos quemó toda la Vega porque nuestra gente funcionó bien y Bomberos llegó oportunamente a apagar el incendio” aseguró.
Y un adelanto de lo que sería el inicio del conflicto fue la versión que entregó sobre el futuro para los locatarios afectados y al recinto en general. Cuevas puntualizó que “vamos a colocar una carpa grande donde los locatarios que se incendiaron van a poder funcionar todos los días”. Eso acusan los nuevos dirigentes, nunca ocurrió.
EL ORIGEN DEL CONFLICTO QUE SIGUE ESCALANDO
El Mercado Vega Central está compuesto por 4 comunidades de dueños de locales comerciales: El sector Antiguo, el Patio de Remates, la cooperativa de Chacareros y el sector Remodelados.
Todas estas comunidades son dueñas de puestos comerciales para la venta de abarrotes, carnicería, rotisería, verduras y frutas como otros productos perecibles como no perecibles.
Son “locales” que explotan sus dueños, como también arriendan, y donde además se cobra el uso de estacionamientos, entre otros ingresos de la actividad comercial, que además tiene una dinámica de horarios de madrugada hasta el anochecer.
LA FALTA DE TRANSPARENCIA
Todas estas comunidades estuvieron administradas por más de 20 años por las mismas personas y grupos, los que no desarrollaron mecanismos contables transparentes y acreditables en periodos anuales, semestrales o trimestrales.
Y el incendio de febrero dejó al descubierto que lo que antes se entendía por “confianza diaria”, en especial en el uso de dinero en efectivo, eso se había diluido en el tiempo. Para ese mes de febrero, los llamados “administradores”, denuncian muchos locatarios hoy, no tenían fondos para iniciar una primera limpieza y posterior remodelación tras el arrase de las llamas.
Y esa “falta de caja” llevó a que varios de los dueños pidieran cuentas sobre el ejercicio contable, ingresos y egresos, porque además se volvió un comentario público que esos “encargados” habían acrecentado enormemente sus patrimonios personales, adquiriendo inmuebles, vehículos de alta gama y no resguardando los dineros que se recaudan diariamente en la Vega Central.
LA LUCHA POR EL CAMBIO
La polémica escaló al punto que durante el año 2025, un grupo de locatarios del Sector Antiguo pidieron cambiar el rumbo de la administración, llamando a una elección para una nueva directiva que se encargara de los destinos de dineros, normas y medidas de seguridad.
Estos dueños y locatarios trataron de cumplir las normas establecidas con el fin de recuperar y limpiar la Vega de las consideraban verdaderas mafias que se habían instalado en cada uno de los 4 sectores.
La disputa por el futuro de la administración llevó que se presentaran 2 listas de locatario a estas elecciones internas, donde una de ella estaba integrada por los continuadores de la administración anterior, que encabezaba Roberto Núñez Abarca, y la otra por 9 personas que no habían ejercido hasta entonces estas labores, donde su plan de trabajo buscaba aplicar mayores medidas de higiene en todos los sectores, un nuevo plan de seguridad, una gestión contable digital y modernizar la cara del mercado de abastos más antiguo de Santiago.
SE DESATA LA GUERRA
Y acá comenzó la primera batalla de esta guerra, ya que el Tribunal Calificador de Elecciones que se constituyó en esta elección tomó la primera decisión polémica al excluir la lista de los “continuadores” que lideraba Núñez Abarca por no cumplir con los requisitos exigidos, como por ejemplo: no presentar candidatos con registro de deudas o más popularmente conocido como “tener DICOM”.
Así las cosas, las elecciones se desarrollaron con una sola lista postulante, lo que de inmediato generó la frustración y molestia de los candidatos y candidatas excluidas, quienes en la práctica nunca reconocieron esta decisión y no entregaron el control económico de la Vega.
Y qué pasó? Con asesoría legal, esos locatarios comenzaron a interponer un sinnúmero de acciones judiciales para que los “ganadores” no pudieran tomar el control real de la administración: Se les negó el acceso a los libros contables, las claves de las cuentas corrientes, y lo más grave, denuncian los nuevos directivos, se giraron cheques con altos montos de dinero.
A TRIBUNALES
Luego de esto, y en el día a día de La Vega Central, los que se definen como nuevos administradores han sufrido amenazas al intentar recaudar los dineros de los arrendamientos de su sector, todo porque los “administradores continuadores” no quieren perder el control de los dineros que entran diariamente, sea por locales o por el acceso vehicular y estacionamientos, los que diariamente generan millones de pesos, en especial, en efectivo.
Así el 16 de mayo de 2025, Yubinza San Martín Castro, en representación de María Inés Castro Muñoz, Alejandro Cornejo Díaz, Elba Guerrero Cortez, Guillermina Ramos Peralta, Marcia Jiménez Morales Basulto y Juan Águila, con el patrocinio del abogado Pablo Bórquez Morales, presentaron ante el Primer Juzgado de Policía Local de Recoleta una denuncia por la infracción a la Ley N°21.442 sobre copropiedad inmobiliaria en contra de Rubén Solorzano Trujillo y en contra de “todos aquellos que resulten responsables”.
El tribunal municipal pidió al municipio que aclarara si La Vega estaba regida por la ley de copropiedad, lo que se informó que no, por lo cual el juez del Primer Juzgado de Policía Local resolvió en julio del año pasado que no correspondía la denuncia.
Sin embargo, los locatarios impugnadores insistieron con una apelación que además se presentó fuera de plazo.
También se interpusieron recursos ante la justicia electoral, la que a las semanas se declaró incompetente, y nuevamente se insistió ante el otro juzgado de policía local de Recoleta en el mismo tenor. Es decir, la decisión era que los nuevos administradores no pudieran ejercer sus funciones y facultades a toda costa.
LA ARISTA PENAL QUE SE ABRIÓ Y NO PROSPERÓ
Según los nuevos administradores, no obstante, todos los rechazos en los juzgados de policía local y en la justicia electoral, los “continuadores” optaron también por abrir una arista penal.
Y con una querella por una eventual “apropiación indebida” estos locatarios pidieron al 3° Juzgado de Garantía de Santiago que se abriera una causa en la Fiscalía en contra de la directiva electa del Sector Antiguo, ya que “supuestamente” usurparon el control financiero de la comunidad y que el Ministerio Público actuara a fin de evitar un “posible” daño patrimonial.
Los abogados de la nueva directiva del Sector Antiguo lograron que la acción legal fuera desestimada y se decretara el sobreseimiento de la causa con el pago de las costas (costos de la tramitación), pero la animadversión no quedó ahí.
Los locatarios “continuadores” el 5 de junio llamaron a “nuevas elecciones”, sin TRICEL, ni ministro de fe, para imponer una nueva directiva, sobre la ya elegida en mayo del año pasado.
Hicieron el ejercicio electoral, y supuestamente hoy La Vega Central tiene “dos administraciones”.
LAS DUDAS SOBRE EL PATRIMONIO DE LOS ANTIGUOS ADMINISTRADORES
Los nuevos administradores en esta pugna diaria identifican a un exadministrador como uno de los responsables que hoy La Vega no tenga fondos y quien se fue de su cargo con una indemnización “a todo evento” de más de $263 millones.
Se trata de Manuel Caro Lamas, ingeniero comercial y quien también dice tener experiencia contable, que estuvo por más de una década a cargo de los dineros de los 4 sectores.
Sin tener bienes muebles a su haber, hoy Caro tiene actualmente dos vehículos de alta gama, ambos correspondientes al año 2019, pertenecientes a las marcas Porsche y Audi, con un avalúo fiscal conjunto de $58.036.013, constituyendo sus principales activos.
PASIÓN POR LOS VEHÍCULOS
Sin embargo, es comentario a voces en La Vega que Caro no tenía como llegar a estos vehículos con su sueldo de administrador, ya que el valor de dichos autos reflejan una capacidad económica relevante de su actual situación patrimonial y financiera.
Pero además, Caro Lamas entre los años 2003 y 2022 tuvo para su uso 17 vehículos, con una marcada predominancia de marcas de alta gama, especialmente de las marcas Audi, Porsche, Mercedes Benz y Volvo.
Es decir, con su sueldo tuvo una capacidad económica sostenida en el tiempo pero que contrasta con la ausencia de bienes raíces identificables a su haber.
GUERRA CIVIL
Otro foco -aseguran- es que Caro Lamas tiene una estructura familiar amplia y consolidada, compuesta por seis hijos, padres, hermanos, y familiares por afinidad vinculados a la Comunidad Mercado de la Vega, así como con la Cooperativa Agrícola Agrupación de Pequeños Chacareros, ambas entidades en calidad de empleadores.
Así hay -denuncian-, una vinculación directa y prolongada con el entorno comercial y administrativo de la Vega Central de Santiago, pero las dudas surgieron desde el incendio de febrero, donde Caro optó por decir que “no había dinero” de las 4 comunidades, y que la opción era “pedir un préstamo al BancoEstado” con la exigencia que los locatarios hipotecaran sus negocios.
Ese argumento y la falta de “caja” abrió la idea de cambiar a la directiva de Núñez y desató esta verdadera guerra civil que hoy tiene a La Vega Central con dos grupos de locatarios disputándose la administración, sin que ninguna autoridad municipal o central intervenga.
Y como versa el dicho popular, que después de Dios “viene La Vega”, hoy este tradicional mercado de abastos metropolitano está viviendo una ruda y amenazante disputa entre locatarios por quien o quienes van a controlar una administración que dé garantías a dueños, arrendatarios y en especial, a los miles de usuarios que día a día transitan por sus pasillos y patios.
