Las principales organizaciones de trabajadores del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) manifestaron su preocupación por el impacto que ha generado el informe de la Contraloría General de la República que detectó presuntas irregularidades en la contratación de al menos 16 personas con antecedentes penales durante el operativo censal.
A través de una declaración pública conjunta, la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del INE (ANFINE), la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (AFINECH) y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios del INE (SINE) rechazaron que estos casos terminen afectando la imagen de toda la institución y de quienes participan diariamente en la producción de estadísticas oficiales.
DEFENSA DEL TRABAJO ESTADÍSTICO
Las organizaciones recalcaron que el Censo constituye solo una parte de las funciones que desarrolla el INE y destacaron que la institución cumple un rol estratégico para el país al generar información esencial para la formulación de políticas públicas, la distribución de recursos y la planificación territorial.
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En ese contexto, subrayaron que la labor estadística descansa en equipos multidisciplinarios integrados por funcionarios de planta, contrata y honorarios, quienes sostienen permanentemente la credibilidad de la información pública que produce el Estado.
EXIGEN RESPONSABILIDADES Y RECHAZAN GENERALIZACIONES
Las agrupaciones sindicales afirmaron que no aceptarán que una situación puntual desacredite el esfuerzo colectivo de los trabajadores del INE. Asimismo, exigieron que las autoridades determinen con rapidez las responsabilidades administrativas que correspondan y apliquen las sanciones pertinentes, evitando investigaciones prolongadas que retrasen las respuestas que demanda la ciudadanía.
Según indicaron, los funcionarios no pueden transformarse en el blanco de cuestionamientos generalizados ni asumir los costos de eventuales fallas en los mecanismos de control y selección de personal.
ALERTAN POR RIESGOS PARA FUTURAS ENCUESTAS Y CENSOS
Las organizaciones también expresaron inquietud por las consecuencias que esta controversia podría generar en futuras operaciones estadísticas. A su juicio, la pérdida de confianza pública podría incrementar el rechazo de las personas a participar en encuestas y censos, dificultando la recolección de datos y afectando la calidad de la información utilizada para la toma de decisiones nacionales.
Además, advirtieron que la exposición mediática del caso podría impactar directamente en la seguridad de los trabajadores que realizan labores en terreno, al enfrentar mayores niveles de hostilidad y desconfianza por parte de la ciudadanía.
Finalmente, ANFINE, AFINECH y SINE solicitaron a la dirección del INE y a las autoridades gubernamentales implementar medidas concretas para fortalecer los procesos de selección y control interno, proteger jurídicamente la credibilidad institucional y resguardar las condiciones de trabajo de los equipos desplegados en terreno.
📢 ANFINE, AFINECH y SINE llaman a resguardar al INE y a sus trabajadoras y trabajadores
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— ANFINE (@AnfineChile) June 11, 2026
