Intoxicación de menor revela venta ilegal de medicamentos en Linares. Un dependiente terminó preso y la farmacia clausurada.
La grave intoxicación de un menor de edad permitió descubrir la presunta venta ilegal de medicamentos sujetos a control médico en una farmacia de Linares. La denuncia presentada por su madre desencadenó una investigación de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI). Las diligencias terminaron con un hombre de 45 años detenido y formalizado.
El establecimiento se encuentra en las inmediaciones del terminal de buses Januario Espinoza, en el centro de la ciudad. Según los antecedentes de la investigación, allí comercializaban medicamentos que requieren receta médica retenida sin exigir la documentación correspondiente. Entre los productos detectados figuran tramadol y zopiclona.
La Secretaría Regional Ministerial de Salud también intervino en el procedimiento y fiscalizó el local. Tras constatar las irregularidades, la autoridad sanitaria decretó la prohibición de funcionamiento de la farmacia. El tribunal, en tanto, rechazó la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público.
Denuncia de una madre inició la investigación
La fiscal jefa de Linares, Carola D’Agostini, explicó que el procedimiento comenzó después de que una madre denunciara la intoxicación de su hijo. El menor había adquirido tramadol, un medicamento que requiere control médico por sus riesgos asociados. También habría comprado anteriormente otros fármacos sujetos a restricciones de venta.
La persecutora detalló que el adolescente terminó hospitalizado debido a la gravedad de su intoxicación. «Este menor termina con una intoxicación grave en el Hospital de Linares», señaló al explicar las consecuencias de las ventas investigadas. La Fiscalía dispuso entonces diligencias para establecer las responsabilidades penales.
D’Agostini sostuvo que los medicamentos involucrados requerían una receta médica que debía quedar retenida en el establecimiento. Sin embargo, la farmacia no habría cumplido esa exigencia. La denuncia permitió identificar una práctica de comercialización que, según la investigación, afectaba también a otros compradores.
PDI utilizó agente revelador para acreditar ventas
La Brigada Antinarcóticos de Linares desarrolló diligencias coordinadas con el Ministerio Público para verificar las denuncias. Los detectives utilizaron la técnica investigativa de agente revelador para obtener antecedentes sobre la comercialización de medicamentos. Posteriormente, detuvieron a un hombre de 45 años vinculado al establecimiento.
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El Subprefecto Nolberto Fuentes, jefe subrogante de la Brigada Antinarcóticos de Linares, informó que la investigación permitió acreditar la participación del imputado en las ventas. La PDI lo identificó como dependiente de una farmacia del sector céntrico. El procedimiento contó además con la participación de funcionarios de la Seremi de Salud.
Fuentes, indicó que “la Brigada Antinarcóticos Linares, en conjunto con el Ministerio Público, lograron la detención de un sujeto de 45 años de edad dependiente de una farmacia ubicada en el sector céntrico de la ciudad. Ello, al acreditar su participación en la venta indiscriminada y sin control de medicamentos sujetos a receta médica. Este procedimiento contó con la participación de funcionarios de la Seremi de Salud, logrando incautar una gran variedad de medicamentos del tipo zopiclona y tramadol en sus distintos formatos. Con esto, la PDI reafirma su compromiso con la investigación de los delitos y la protección de la salud pública.”
Tribunal rechazó prisión preventiva del imputado
Tras la detención, la Fiscalía formalizó al imputado y solicitó que permaneciera en prisión preventiva durante la investigación. Sin embargo, el Juzgado de Garantía rechazó la medida cautelar requerida por el Ministerio Público. La Fiscalía recurrió a la Corte de Apelaciones, que confirmó la resolución.
La fiscal D’Agostini explicó que el imputado «va a quedar con medidas cautelares por el plazo de tres meses». Ese período corresponde al plazo establecido para desarrollar la investigación penal. La información proporcionada no especifica cuáles son las medidas cautelares decretadas por el tribunal.
La decisión judicial no pone término a la investigación ni resuelve la responsabilidad penal del formalizado. Durante los próximos tres meses, la Fiscalía podrá continuar reuniendo antecedentes sobre las ventas y sus consecuencias. El imputado mantiene su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.
Autoridad sanitaria prohíbe funcionamiento de farmacia
La Seremi de Salud realizó una fiscalización después de conocer los antecedentes reunidos por la Fiscalía y la PDI. Como resultado, decretó la prohibición de funcionamiento del establecimiento investigado. La medida sanitaria se suma a las diligencias penales desarrolladas por la venta irregular de medicamentos.
El caso también pone de relieve los riesgos asociados a la comercialización de fármacos sin los controles exigidos. El tramadol es un analgésico opioide y la zopiclona se utiliza para tratar trastornos del sueño. Ambos requieren supervisión médica debido a sus efectos y posibles complicaciones.
La investigación deberá determinar el alcance de las ventas y la participación concreta del imputado. Por ahora, el antecedente central es la intoxicación grave de un menor que motivó la denuncia de su madre. Esa acción permitió activar la investigación penal y la fiscalización sanitaria del establecimiento.
