Tras el intento de apertura de ruta comercial con Las Malvinas, crece el riesgo de un incidente diplomático con Argentina.
La posibilidad de que Argentina intercepte un buque chileno rumbo a las islas Malvinas amenaza con abrir un conflicto diplomático entre ambos países. Según reveló El Mostrador, fuentes diplomáticas advierten que Buenos Aires estudia detener, escoltar y multar al carguero Danstar. La eventual operación involucra una ruta comercial desde Punta Arenas hacia el archipiélago administrado por Reino Unido.
La información adquiere especial relevancia por la declaración conjunta que firmaron José Antonio Kast y Javier Milei en septiembre. El documento incorporó una referencia argentina a los esfuerzos chilenos para evitar determinadas actividades logísticas vinculadas a la explotación de recursos en las islas. Está Pasando advirtió entonces sobre los riesgos que esa formulación podía generar para los intereses nacionales.
El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle también alertó recientemente sobre las consecuencias de una eventual interceptación. En declaraciones recogidas por este medio, sostuvo que una medida de esa naturaleza afectaría las relaciones diplomáticas entre Chile y Argentina. La controversia surge mientras ambos gobiernos mantienen posiciones históricamente coincidentes sobre la reclamación argentina de soberanía.
Argentina estudia interceptar al Danstar
Fuentes diplomáticas conocen planes argentinos para detener y sancionar al carguero. Según esos antecedentes, Buenos Aires todavía no define la estrategia jurídica que permitiría justificar una eventual intervención. Tampoco existe confirmación pública de una orden operativa para interceptar la nave. Ya la prensa da por hecho la situación que no ha sido desmentida por las autoridades argentinas.
El Danstar pertenece a una operación comercial de Easter Island Naviera, que busca conectar Punta Arenas con Puerto Stanley. El servicio contempla transportar alimentos, materiales de construcción, gas licuado y maquinaria pesada. La travesía tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros y una duración estimada de dos días y medio.
La preocupación argentina radica en que esa conexión pueda facilitar suministros relacionados con Sea Lion, proyecto de explotación petrolera en aguas disputadas. Sin embargo, la eventual vinculación de la carga con esa iniciativa no ha sido acreditada para cada envío. El conflicto enfrenta así las pretensiones regulatorias argentinas con los derechos de navegación y comercio que invoca Chile.
La declaración que Chile aceptó firmar
En septiembre, Kast y Milei suscribieron una declaración que reafirmó la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes conforme a los tratados vigentes. El documento también recogió la valoración argentina de los esfuerzos chilenos para evitar la consolidación de actividades logísticas unilaterales vinculadas a hidrocarburos y pesca en la zona disputada. Esa segunda formulación despertó interrogantes sobre su alcance político.
El Gobierno chileno sostuvo entonces que esa referencia no establecía obligaciones adicionales para el país. La interpretación distingue una declaración de valoración formulada por Argentina de un compromiso jurídico asumido por Chile. Sin embargo, fuentes diplomáticas citadas por El Mostrador sostienen que Buenos Aires intenta utilizar ese texto como respaldo político para sus pretensiones.
La diferencia resulta fundamental. Una declaración conjunta no autoriza por sí misma a interceptar una embarcación comercial en contravención del derecho internacional. Pero su utilización como argumento político puede generar una controversia que el documento original no consiguió prevenir.
Está Pasando advirtió el riesgo en septiembre
El 5 de septiembre, Está Pasando publicó la columna «¿Sabía Kast lo que estaba negociando con Argentina?». El análisis cuestionó que Chile celebrara como un logro el reconocimiento argentino de una soberanía que los tratados ya establecían. También examinó las consecuencias de incorporar la referencia a las actividades logísticas relacionadas con Malvinas.
La columna planteó que las medidas argentinas contra proveedores y operadores vinculados a las islas podían afectar intereses comerciales chilenos. Recordó la conexión marítima de Punta Arenas y los vuelos regulares que unen territorio nacional con el archipiélago. Esas actividades situaban a Chile dentro del alcance potencial de una controversia entre Argentina y Reino Unido.
La amenaza descrita ahora por fuentes diplomáticas coincide con el escenario que aquella publicación consideró necesario prevenir. Esto no demuestra que la declaración haya causado los planes argentinos, cuya política sobre Malvinas tiene antecedentes anteriores. Sí vuelve pertinente examinar qué evaluaciones de riesgo realizó Chile antes de aceptar esa formulación.
Frei advierte consecuencias diplomáticas
El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle abordó la controversia en una entrevista difundida esta semana y recogida por Está Pasando. El exmandatario rechazó que el respaldo chileno a la reclamación argentina pudiera justificar restricciones al comercio con las islas. También defendió los intereses económicos de Magallanes y las normas internacionales de navegación. «Una norma interna argentina no puede imponerse unilateralmente ni desplazar las reglas internacionales de navegación», afirmó Frei.
El exjefe de Estado advirtió, además, que una interceptación arbitraria generaría una controversia diplomática y perjudicaría innecesariamente la relación bilateral. Su planteamiento distingue el respaldo histórico chileno a la reclamación argentina de cualquier aceptación de medidas contra embarcaciones nacionales. Ambas posiciones pueden coexistir sin contradicción jurídica.
Existen antecedentes de interceptaciones anteriores
La posibilidad de una intervención argentina no carece de precedentes. En abril de 2024, un guardacostas trasandino interceptó al remolcador chileno Beagle mientras trasladaba una embarcación pesquera desde Malvinas hacia Montevideo. El episodio ocurrió, según El Mostrador, a 245 millas náuticas de Comodoro Rivadavia y motivó un reclamo chileno.
La publicación también recuerda una multa aplicada en 2016 al pesquero Unión Sur y la detención de la nave John Cheek en 2006. Estos antecedentes muestran que las controversias marítimas relacionadas con las islas han producido actuaciones concretas contra embarcaciones. Sin embargo, cada episodio requiere examinar sus circunstancias y fundamentos jurídicos particulares.
La eventual interceptación del Danstar podría abrir una controversia adicional por la posibilidad de una respuesta naval chilena. Fuentes citadas por el medio no descartan que la Armada escolte al carguero para resguardar su navegación. Hasta ahora, esa posibilidad tampoco constituye una decisión oficial confirmada.
Una controversia que exige definiciones diplomáticas
La situación plantea preguntas para las autoridades chilenas. Corresponde establecer si Argentina comunicó formalmente alguna objeción a la ruta, qué garantías existen para la navegación y qué medidas diplomáticas preventivas se han adoptado. También resulta pertinente conocer si la Cancillería evaluó estas consecuencias al negociar la declaración de septiembre.
El respaldo chileno a la reclamación argentina sobre Malvinas no supone renunciar a los derechos de navegación ni al comercio legítimo. Tampoco convierte automáticamente una declaración política en una autorización para adoptar medidas coercitivas contra naves chilenas. Precisar esos límites resulta esencial para evitar interpretaciones contrapuestas.
La advertencia formulada por Está Pasando en septiembre encuentra ahora un escenario concreto de riesgo. Argentina estudia una posible interceptación, Frei advierte sus consecuencias y las autoridades chilenas enfrentan la necesidad de prevenir un incidente. La pregunta pendiente es si los gobiernos podrán resolver diplomáticamente la controversia antes de que una embarcación comercial quede en medio de ella.
Cancillería se prepara ante el eventual conflicto
Por otro lado, el canciller Francisco Pérez Mackenna viajó a Magallanes sin anunciarlo previamente a la prensa, acompañado por un grupo reducido de asesores. Allí permaneció entre el miércoles 28 y el viernes 30 de octubre.
En su agenda incluyó reuniones con los mandos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas en la región, el gobernador Jorge Flies, el alcalde Claudio Radonich, parlamentarios de la zona y alcaldes de la región. la señalada combinación de interlocutores resulta coherente con una evaluación diplomática, territorial y de seguridad.
En la oportunidad declaró escuetamente a la prensa que «Chile defiende los principios de la libre navegación y el libre comercio, amparados por acuerdos y tratados». Pero además envió un mensaje, que aunque sin nombrarla, parece tener como destinataria a la Casa Rosada. «El trabajo diplomático requiere cautela».
Dado que la Cancillería conoce las advertencias argentinas, su proceso de escuchar a las autoridades regionales, su reunión con mandos militares de la zona y su mensaje que reafirma públicamente los principios jurídicos que Chile defendería ante una eventual interceptación. Todo ello es compatible con una estrategia destinada a evitar que el incidente ocurra. O, al menos intentarlo. Ello, aunque la hipótesis de preparación ante una contingencia tampoco puede descartarse.
Como se recordará, el pasado 12 de octubre, el gobernador Jorge Flies advirtió que «Si hay una intervención de algún buque de la Prefectura Naval Argentina, ante un tránsito con autorización internacional, lo único que va a ocurrir es tensionar las relaciones con Argentina ante un hecho que es comercial».
