La Fiscalía investiga si las autoridades incumplieron sus deberes de prevención antes del aluvión que afectó a San Carlos de Apoquindo el 8 de octubre. El fiscal Manuel Zará busca determinar si existían medidas que permitieran reducir las consecuencias de la emergencia. La indagatoria incluye las advertencias recibidas por la Municipalidad de Las Condes meses antes del desastre.
La investigación comenzó tras la denuncia de siete personas que resultaron lesionadas durante el aluvión. Según explicó el persecutor a Reportajes Teletrece, la principal hipótesis penal corresponde a un eventual cuasidelito de lesiones. Para establecer responsabilidades, deberá determinar qué obligaciones tenían las autoridades y si existieron incumplimientos que contribuyeron al resultado.
La investigación adquiere especial relevancia por los antecedentes conocidos antes de la emergencia. En febrero, el Gobierno Regional ofreció financiar un estudio de riesgos que el municipio decidió no desarrollar mediante ese mecanismo. Además, informes técnicos posteriores advirtieron sobre el peligro de nuevos deslizamientos en el sector.
Fiscalía examina advertencias anteriores al desastre
El fiscal confirmó que incorporó a la investigación un informe de Sernageomin fechado el 11 de febrero. El documento advertía sobre el riesgo de nuevos aluviones después de los incendios forestales que afectaron la zona. La pérdida de vegetación aumentó la vulnerabilidad del terreno frente a precipitaciones intensas.
Otro antecedente corresponde a una presentación realizada el 24 de junio ante el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres comunal. En esa oportunidad, la propia Municipalidad de Las Condes abordó el riesgo aluvional y presentó un proyecto de mallas dinámicas. Sin embargo, esas obras no estaban instaladas cuando ocurrió el desastre.
Zará explicó que ambos antecedentes permiten establecer que existía conocimiento previo del peligro. La investigación deberá determinar si las autoridades tenían posibilidades reales de adoptar medidas eficaces antes del aluvión. Esa diferencia será fundamental para establecer si existió una infracción al deber de cuidado.
«Son de suyo relevantes. Esos dos hitos, que nosotros ya los tenemos levantados como elementos de la investigación, nos hacen ver que si hay autoridades responsables, ya tenían conocimiento de que esto podía pasar y eso es muy importante para guiar la investigación. Ahora bien, falta el siguiente paso, que si bien esto puede dar cuenta que las autoridades ya conocían esta posibilidad, la pregunta es si realmente estaban en condiciones de hacer algo. Esa es la pregunta que tenemos que responder. Ahí se discurre todo lo que vamos a hacer en la investigación, si en realidad a pesar de que sabían, era posible realmente ejecutar alguna obra que hubiese mitigado el aluvión y hubiese evitado que estas personas salieran lesionadas», señaló el fiscal.
El financiamiento que Las Condes decidió no utilizar
El pasado 13 de octubre, Está Pasando informó sobre el ofrecimiento de financiamiento realizado por el gobernador metropolitano Claudio Orrego. Según la autoridad regional, después del aluvión de enero ofreció recursos extraordinarios para estudiar los riesgos de las quebradas. Sin embargo, el municipio desistió de utilizar ese mecanismo de apoyo.
La controversia surgió cuando la alcaldesa Catalina San Martín cuestionó la ausencia del gobernador en una reunión de coordinación de la emergencia. Orrego respondió recordando el ofrecimiento realizado en febrero y aseguró que el Gobierno Regional mantenía su disposición a colaborar. La autoridad también cuestionó que el municipio no hubiera presentado un proyecto para acceder al financiamiento.
San Martín entregó una explicación diferente sobre las razones de la decisión municipal. Sostuvo que los procedimientos administrativos propuestos demoraban demasiado y que la comuna necesitaba avanzar con mayor rapidez. Por ello, optó por desarrollar internamente el diseño y coordinar su implementación con el Ministerio de Obras Públicas.
Una cronología que adquiere relevancia
Según los antecedentes entregados por el Gobierno Regional a Emol, el 12 de febrero sus equipos técnicos se reunieron con representantes municipales. Durante ese encuentro ofrecieron financiar estudios mediante recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. La propuesta buscaba identificar medidas de mitigación frente a nuevos aluviones.
El 7 de marzo, el municipio informó que había desarrollado un estudio preliminar y consultó por alternativas de financiamiento más rápidas. El Gobierno Regional respondió el 16 de marzo con opciones destinadas a agilizar la tramitación de los recursos. Finalmente, el 2 de abril, Las Condes comunicó que avanzaría por otra vía.
Esta secuencia resulta relevante para la investigación, aunque no demuestra por sí misma una responsabilidad penal. La Fiscalía deberá establecer qué medidas podían ejecutarse dentro de los plazos disponibles y qué instituciones tenían competencia para realizarlas. También deberá evaluar si las decisiones administrativas tuvieron alguna incidencia en las lesiones sufridas por los vecinos.
La Fiscalía también investigará a Senapred
El fiscal Zará confirmó que otra línea de investigación apunta a la decisión de Senapred de no emitir una alerta SAE. La directora del organismo, Alicia Cebrián, explicó anteriormente que el aluvión correspondió a un fenómeno súbito. El Ministerio Público deberá evaluar si una advertencia oportuna habría permitido disminuir las consecuencias.
El persecutor encargó diligencias a un equipo especializado del OS9 de Carabineros. Los investigadores recopilarán documentación para reconstruir las responsabilidades y obligaciones de las instituciones involucradas. Entre los organismos considerados figuran la Municipalidad de Las Condes y el Ministerio de Obras Públicas.
La Fiscalía también podría solicitar correos electrónicos, oficios, resoluciones y comunicaciones internas. Sin embargo, Zará aclaró que todavía se encuentra en una etapa inicial de recopilación normativa y documental. Por ahora, no ha determinado qué autoridades podrían ser citadas a declarar.
Conocer el riesgo no basta para establecer responsabilidades
El fiscal explicó que la investigación debe distinguir entre conocer un peligro y tener posibilidades reales de impedir sus consecuencias. Para configurar una eventual responsabilidad penal, será necesario acreditar el incumplimiento de un deber exigible y su relación con las lesiones. La existencia de advertencias previas constituye un antecedente relevante, pero no reemplaza ese análisis.
La investigación también deberá examinar si las medidas de mitigación podían ejecutarse antes del 8 de octubre. Entre las alternativas consideradas aparecen obras de contención y sistemas destinados a disminuir el desplazamiento de material. Su viabilidad técnica, administrativa y temporal será determinante para evaluar las actuaciones de las autoridades.
El ofrecimiento del Gobierno Regional, las advertencias de Sernageomin y los antecedentes municipales forman parte de una cronología que merece esclarecerse. La pregunta central es qué hicieron las instituciones después de conocer los riesgos y qué medidas podían adoptar efectivamente. La Fiscalía deberá establecer si las lesiones fueron consecuencia inevitable del fenómeno natural o si alguna omisión contribuyó a producirlas.
