El diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, criticó el proyecto de ley que crea el Registro Único de Vándalos e Incivilidades, impulsado por el Gobierno con suma urgencia, asegurando que la iniciativa presenta serias inconsistencias jurídicas y que fue elaborada sin un adecuado trabajo prelegislativo.
Durante una entrevista, el parlamentario sostuvo que la idea de contar con mecanismos para registrar conductas reiteradas que afectan la convivencia puede ser positiva, pero acusó que el texto presentado por el Ejecutivo desvirtúa ese objetivo al incluir en una misma categoría delitos graves, actos vandálicos e infracciones menores.
FALTA DE PRIORIDADES Y PROPORCIONALIDAD
Leiva cuestionó que el Gobierno haya puesto el foco en esta iniciativa mientras, a su juicio, siguen pendientes herramientas más efectivas para combatir el crimen organizado.
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“El principal problema que tiene Chile hoy es el crimen organizado. Sin embargo, no existe ningún proyecto de ley nuevo que aborde esa realidad con la misma urgencia”, afirmó.
Asimismo, criticó que el registro incorpore conductas tan diversas como amenazas a fiscales, daños a monumentos nacionales, comercio ambulante sin autorización o la organización de rifas y bingos, generando un catálogo que calificó como “incongruente”.
“El proyecto mezcla de todo. Es una cazuela. Coloca en un mismo registro delitos graves, actos vandálicos e incivilidades sin una lógica común”, señaló.
RIESGO PARA DERECHOS SOCIALES
Uno de los aspectos que más preocupa al legislador es la posibilidad de que la reincidencia en determinadas conductas implique la pérdida de beneficios sociales como la gratuidad universitaria o la Pensión Garantizada Universal.
Según explicó, la medida podría entrar en conflicto con garantías constitucionales vinculadas al derecho a la seguridad social.
“Un grafitero reincidente podría perder beneficios sociales, mientras otros delitos mucho más graves ni siquiera aparecen considerados en este registro. Esa falta de proporcionalidad es preocupante”, sostuvo.
CRÍTICAS AL PROCESO LEGISLATIVO
El diputado también cuestionó la forma en que el Ejecutivo elaboró la propuesta, asegurando que no existió diálogo previo con el Congreso.
“Estamos frente a un proyecto complejo que modifica materias penales, procesales y administrativas. Sin embargo, no hubo trabajo prelegislativo, nunca se anunció y tampoco se conversó con los parlamentarios, ni siquiera con los del oficialismo”, afirmó.
Finalmente, Leiva llamó al Gobierno a abrir un debate más amplio antes de avanzar en la tramitación acelerada de la iniciativa.
“Esperamos que exista tiempo para una discusión adecuada. Cuando se modifican normas penales, los efectos pueden ser muy profundos y requieren escuchar a todos los actores involucrados”, concluyó.
