El alcalde de Mario Desbordes volvió a respaldar la ofensiva judicial impulsada por el municipio contra el proyecto penitenciario contemplado en el sector Rondizzoni–Pedro Montt. A su juicio, la iniciativa corresponde a una nueva cárcel y no a una ampliación del recinto existente.
El jefe comunal sostuvo que el debate no responde a diferencias personales con las autoridades del Ministerio de Justicia, sino a una discrepancia respecto al carácter del proyecto.
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“Esto no es algo personal ni una pelea entre el subsecretario, el ministro y el alcalde. Ellos tienen un punto de vista, nosotros tenemos otro”, señaló.
DESBORDES PIDE AL GOBIERNO EVALUAR UN “PLAN B”
En esa línea, Desbordes argumentó que el proyecto se emplaza en un terreno distinto y con una función diferente, por lo que —según la interpretación del municipio— debería ajustarse a procedimientos adicionales antes de avanzar. Por ello, explicó que mantienen una acción judicial para cuestionar su desarrollo.
“Esta es una nueva cárcel en nuestra opinión. Es un terreno distinto, tiene rol distinto. Y si es una nueva cárcel, tiene que seguir una serie de otros trámites”, planteó.
Además, insistió en que el objetivo no es impedir el aumento de plazas penitenciarias, sino evitar que estas se concentren nuevamente en la comuna.
“QUE SE NOS TRATE IGUAL QUE AL RESTO DE CHILE”
El alcalde afirmó que el sector ya enfrenta una alta concentración de infraestructura penitenciaria y pidió que la comuna reciba el mismo criterio aplicado en otras zonas del país.
“No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo todo lo contrario: que se nos trate como al resto de Chile”, sostuvo.
Según explicó, otros proyectos penitenciarios recientes se han desarrollado fuera de áreas urbanas y alejados de centros poblados.
“Todas las demás cárceles en nuestro país se están construyendo lejos de las zonas urbanas, lejos de las ciudades, lejos de los centros poblados. Eso se hizo en Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Talca, Valparaíso”, afirmó.
En ese contexto, llamó al Ejecutivo a considerar una alternativa para ampliar la capacidad carcelaria sin instalar nuevas obras en Santiago.
“Le decía al Presidente: prepárese para un plan B, porque de verdad necesitamos más plazas carcelarias, pero no en Santiago”, sostuvo.
Asimismo, aseguró que mantiene la misma postura que expresó durante la administración anterior, cuando presentó la acción de nulidad de derecho público.
“Yo por lo menos no soy de los políticos que se cambian de opinión cuando el gobierno pasa a ser el gobierno propio. Lo que dijimos el año pasado se mantiene hoy día”, afirmó.
OBRAS SIGUEN DETENIDAS MIENTRAS AVANZA LA DISCUSIÓN JUDICIAL
Por otra parte, Desbordes valoró la resolución del 17° Juzgado Civil de Santiago, señalando que el tribunal decidió mantener detenidas las obras mientras se analiza el fondo del conflicto.
“El 17° Juzgado Civil fue muy claro. No hay ningún argumento que justifique continuar estas obras mientras no se dilucide si esto es una cárcel nueva”, señaló.
De acuerdo con el alcalde, aunque el tribunal acogió la apelación presentada por el Consejo de Defensa del Estado, mantuvo suspendido el avance del proyecto durante la revisión judicial.
“Le concedo la apelación, pero usted me mantiene paralizado todo. Y esa es una definición que para nosotros era muy importante”, sostuvo.
MUNICIPIO ACUSA SOBRECARGA URBANA EN EL SECTOR
Para cerrar, el alcalde defendió la postura municipal y afirmó que el entorno del eje penitenciario de Santiago ya enfrenta una presión urbana considerable.
“Esta zona ha significado para nuestras vecinas y vecinos una verdadera zona de sacrificio. Es lo que queremos evitar, que siga extendiéndose y siga creciendo”, concluyó.
