En medio de un escenario laboral complejo, marcado por 40 meses consecutivos con desempleo sobre el 8%, el Gobierno comenzó a instalar una de las discusiones más sensibles de su agenda: la modificación al sistema de indemnizaciones por años de servicio.
La iniciativa, actualmente en análisis en el Ministerio del Trabajo, apunta a crear una fórmula de “indemnización a todo evento”. El mecanismo considera que los empleadores realicen una cotización adicional al Seguro de Cesantía, equivalente al 1,8% del salario mensual del trabajador.
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Con esos recursos, la persona podría acceder a un fondo al término de la relación laboral, sin importar la causal de salida. Es decir, el pago no dependería exclusivamente de un despido por necesidades de la empresa, como ocurre actualmente con la indemnización tradicional.
FLEXIBILIDAD COMO EJE DE LA AGENDA LABORAL
La discusión se da en un contexto donde el Ejecutivo ha puesto énfasis en conceptos como flexibilidad y adaptabilidad laboral, especialmente ante las cifras de desocupación. En el trimestre febrero-abril, el desempleo superó el 9%, mientras que en el caso de las mujeres llegó al 10,5%.
Desde el mundo empresarial, la propuesta fue recibida con interés. La presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial, valoró la medida y sostuvo que podría reducir barreras para la contratación, entregar mayor protección frente al desempleo y facilitar la movilidad laboral.
Una mirada similar planteó el vicepresidente de Conapyme, Héctor Sandoval, aunque con cautela. El dirigente advirtió que el diseño de la medida debe considerar especialmente la realidad de las pequeñas y medianas empresas, ya que un nuevo costo mensual podría afectar la formalización del empleo.
PYMES PIDEN EQUILIBRIO EN LA IMPLEMENTACIÓN
La preocupación de las pymes apunta a que una cotización adicional mal calibrada podría terminar generando el efecto contrario al esperado: encarecer la contratación formal y abrir espacio a vínculos laborales informales.
Por ello, desde el sector plantean que la discusión no solo debe centrarse en la flexibilidad, sino también en las condiciones concretas de implementación, los plazos y eventuales mecanismos de apoyo para empresas de menor tamaño.
CUT ADVIERTE RETROCESO EN DERECHOS
En la vereda opuesta, la Central Unitaria de Trabajadores manifestó su rechazo a la idea. Su vicepresidente, Leonel Sepúlveda, sostuvo que una reforma de este tipo podría representar un retroceso en materia de derechos laborales.
Desde la multisindical advierten que el cambio podría facilitar los despidos, al reemplazar o debilitar el actual sistema de indemnización por años de servicio, sin garantizar una protección real adicional para los trabajadores.
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, reconoció que la propuesta está siendo estudiada y admitió que se trata de una discusión compleja, que probablemente generará controversia entre empleadores, trabajadores y el mundo político.
