El Juzgado de Garantía de Coyhaique rechazó la cautela de garantías solicitada por la defensa del senador Miguel Ángel Calisto (Ind.) que buscaba reabrir la investigación de la causa en su contra por fraude al fisco.
De esta manera, el caso continuará con su tramitación legal.
La semana pasada el fiscal regional Hernán Libedinsky presentó la acusación por «asesorías fantasma» contra el congresista por la región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y otros siete imputados. En forma paralela, ingresó una solicitud de desafuero para levantar la inmunidad del parlamentario por su pertenencia al poder legislativo.
Lea también: Jueces se inhabilitan frente a recurso de Hermosilla por expulsión del Colegio de Abogados
La investigación por este caso ha resultado extensa y, de acuerdo con los datos que se tienen hasta ahora, el monto de lo defraudado supera los cien millones de pesos.
La acusación apunta a «un esquema sistemático de defraudación de recursos públicos consistente en servicios contratados y rendidos ante el Estado meramente ficticios, determinándose que Carla Graf (profesora diferencia vecina del diputado) nunca realizó asesorías parlamentarias reales para el Sr. Calisto Águila, siendo sus contratos un mero mecanismo instrumental para la obtención irregular de fondos fiscales».
En concreto, el dinero corresponde a «honorarios pagados por el Congreso a la Sra. Graf Toledo, fueron transferidos, entre otros, al entonces diputado Calisto Águila y a Roland Cárcamo Catalán (su exjefe de campaña y pareja de Carla Graf) , siendo utilizados para su provecho y beneficio personal».
NO ACOGEN PLANTEAMIENTOS
La audiencia se efectuó de forma presencial y telemática en el Juzgado de Garantía de Coyhaique.
Fue presidida por el juez Mario Devaud Ojeda, quien no acogió los planteamientos de la defensa del senador Calisto.
Por el Ministerio Público comparecieron el fiscal regional, Hernán Libedinsky Moscovich, y el fiscal jefe de Coyhaique, Luis Contreras Alfaro. También estuvo presente el Consejo de Defensa del Estado (CDE), a través del abogado procurador fiscal Paulo Gómez Canales.
Estos argumentaron que con la decisión de cierre de la investigación no se habían vulnerado ni afectado derechos ni garantías del senador Calisto, lo que fue acogido por el tribunal.
Ahora se está a la espera de lo que resuelva la Corte de Apelaciones de Coyhaique en cuanto a la petición de desafuero del parlamentario solicitada por el Ministerio Público.
