La declaración de Roland Cárcamo abrió un nuevo flanco judicial y político para el senador Miguel Ángel Calisto. El excolaborador del parlamentario no sólo entregó antecedentes sobre las asesorías que la Fiscalía investiga como presuntamente falsas, sino que describió un mecanismo más amplio de recaudación, administración y distribución de recursos destinados a financiar gastos personales y políticos del entonces diputado.
El testimonio, según lo publicado por La Tercera, fue entregado el 23 de junio en Osorno, y forma parte de la investigación por fraude al Fisco que mantiene bajo presión al legislador independiente. En esa declaración, Cárcamo afirmó que operó como una suerte de recaudador para Calisto y que la contratación de su esposa, Carla Graf, habría sido utilizada como vía para obtener recursos desde el Congreso sin que existieran labores efectivas.
UNA ASESORÍA QUE, SEGÚN CÁRCAMO, NUNCA EXISTIÓ
De acuerdo con el imputado, la relación con Calisto comenzó en 2014, cuando el actual senador era consejero regional. Años después, tras apoyar su campaña a diputado en 2018, ambos habrían acordado mantener el vínculo mediante la contratación de Carla Graf como asesora parlamentaria.
Lea también Celis critica apoyos de senadores judicializados a la reforma
Cárcamo aseguró que Graf fue utilizada como “palo blanco” y que los informes asociados a sus boletas no eran elaborados ni firmados por ella. Según su relato, esos documentos eran completados por él, por el propio Calisto o por personal vinculado a la oficina parlamentaria.
El excolaborador sostuvo que las labores comunicacionales y de asesoría estratégica que figuraban en los contratos no se realizaron. En su versión, los pagos recibidos por Graf eran redirigidos a una especie de fondo informal destinado a cubrir necesidades del parlamentario.
LA “CAJA PAGADORA” PARA GASTOS PERSONALES Y POLÍTICOS
Uno de los puntos centrales de la declaración es la existencia de lo que Cárcamo denominó una “caja pagadora”. Según afirmó, allí ingresaban recursos provenientes de los pagos del Congreso a Graf, además de aportes personales que él mismo realizaba.
Ese dinero, aseguró, era utilizado para gastos de oficina, actividades territoriales, ayudas sociales, alojamientos, cenas, insumos deportivos y otras acciones con finalidad política. Cárcamo describió este mecanismo como una forma de clientelismo, orientada a construir apoyo electoral mediante beneficios entregados en terreno.
El imputado incluso sostuvo que parte de esos fondos se habría usado para pagar una parcela vinculada al entonces diputado. Según su cálculo, un 70% de los recursos se destinaba a gastos personales del parlamentario y un 30% a gestión política.
FUNDACIÓN PROYECTO FUTURO Y FONDOS DE TAIWÁN E ISRAEL
El testimonio también involucró a la Fundación Proyecto Futuro, entidad que, según Cárcamo, fue creada en 2018 para conseguir recursos en beneficio de Calisto. La organización habría funcionado inicialmente en la oficina parlamentaria y luego en la casa de la madre del legislador.
A través de esa fundación, afirmó Cárcamo, se canalizaron fondos provenientes de Taiwán para la compra de calefactores destinados a adultos mayores. Sin embargo, según su versión, parte de esos equipos habría quedado en propiedades vinculadas al entorno de Calisto y no existe claridad sobre el destino completo del dinero.
El imputado también mencionó un aporte de la embajada de Israel para un proyecto de conectividad digital. Según declaró, con una parte de esos recursos se compraron tablets que fueron entregadas a adultos mayores en localidades como Puyuhuapi y Cisnes, mientras que el resto habría sido utilizado para gastos personales del parlamentario.
Cárcamo afirmó que ambos proyectos no fueron concursables, sino gestionados directamente por el parlamentario ante las representaciones extranjeras.
MENCIÓN A JOHANNA PÉREZ Y NUEVAS ARISTAS
La declaración además incorporó a la diputada Johanna Pérez. Cárcamo sostuvo que la Fundación Proyecto Futuro recibió un depósito en dólares desde una fundación de Miami, presuntamente destinado a ayuda social pospandemia, y que parte de esos recursos habría llegado también a la parlamentaria.
Estos antecedentes, de acuerdo con la línea investigativa, podrían abrir nuevas aristas más allá del fraude al Fisco por asesorías parlamentarias. La Fiscalía ya indaga eventuales delitos asociados a fondos, rendiciones y posibles beneficios políticos.
ACUSACIONES SOBRE PRESIONES E INFLUENCIA JUDICIAL
Otro capítulo de la declaración apunta a eventuales gestiones de Calisto en el Poder Judicial. Cárcamo afirmó que el senador manejaba información obtenida durante su paso por la Comisión de Constitución de la Cámara y que la habría usado para ejercer presiones o favorecer intereses propios y de terceros.
El imputado mencionó, además, un presunto pago al exfiscal Carlos Palma. Según su relato, en 2024 se habrían reunido $14 millones en efectivo para intentar cerrar causas vinculadas a Cárcamo y a la investigación que hoy involucra al parlamentario. Sin embargo, el propio testimonio presenta inconsistencias temporales, ya que Cárcamo también afirmó que se había alejado de Calisto en 2021 tras una diferencia personal.
La defensa del senador ha cuestionado la credibilidad de la declaración, argumentando que Cárcamo declaró en un contexto en que buscaba un acuerdo con el Ministerio Público para obtener beneficios procesales. Pese a ello, la Fiscalía ha seguido incorporando sus dichos como parte de las diligencias.
Así, el caso Calisto dejó de girar únicamente en torno a presuntas asesorías falsas. La declaración de su excolaborador instaló una tesis más amplia: la existencia de una estructura informal de financiamiento político, con recursos públicos, privados y extranjeros, cuyo destino final ahora deberá ser aclarado por la justicia.
