El gobierno de Donald Trump intensificó su ofensiva migratoria mediante sanciones que pueden superar US$1,8 millones. La estrategia también contempla embargos de salarios, cuentas bancarias, propiedades y devoluciones de impuestos.
El Gobierno de Donald Trump abrió un nuevo frente contra los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos: transformar las órdenes de expulsión pendientes en deudas millonarias para presionar a las personas a abandonar voluntariamente el país.
Decenas de miles de extranjeros recibieron notificaciones con sanciones económicas por permanecer en territorio estadounidense después de que un tribunal ordenara su salida. Algunas multas superan US$1,8 millones y podrían derivar en acciones judiciales o embargos.
MULTAS DE HASTA US$998 DIARIOS
La medida se apoya en una disposición migratoria aprobada en 1996, pero escasamente utilizada por gobiernos anteriores. Durante el primer mandato de Trump se intentó aplicar, aunque al término de ese periodo apenas había 26 procedimientos activos.
Desde el regreso del republicano a la Casa Blanca, el mecanismo adquirió otra dimensión. Las multas pueden alcanzar US$998 por cada día de permanencia irregular y acumularse durante un máximo de cinco años.
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Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional citadas por The New York Times, entre el 20 de enero de 2025 y mediados de julio de 2026 se enviaron más de 103 mil sanciones, por un monto superior a US$84 mil millones. Sin embargo, hasta el 16 de julio el Gobierno solo habría recaudado US$1,2 millones.
Alrededor de 1,4 millones de personas podrían quedar expuestas a este tipo de cobros.
DE UNA VISA HUMANITARIA A UNA DEUDA MILLONARIA
Uno de los casos conocidos es el de Vivi Vásquez, una ciudadana mexicana que vive desde hace 17 años en Estados Unidos y es madre de tres hijos nacidos en ese país.
Mientras esperaba una respuesta a su solicitud de visa humanitaria, recibió una multa de US$1.820.352. Las autoridades sostienen que debía abandonar Estados Unidos en 2013, luego de emitirse una orden de expulsión.
Vásquez tenía permiso de trabajo y desarrollaba actividades remuneradas, pero fue notificada de que su deuda podría pasar a una empresa privada de cobranza. También enfrentaría eventuales demandas federales, consecuencias crediticias y dificultades en futuros procesos migratorios.
Su abogado presentó una apelación, aunque especialistas sostienen que los recursos para dejar sin efecto estas sanciones suelen ser rechazados.
SALARIOS, VIVIENDAS Y DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS
La presión económica no se limita a las multas. El Gobierno puede intentar descontar dinero de los salarios, intervenir cuentas bancarias, establecer gravámenes sobre viviendas o retener devoluciones tributarias.
Medios estadounidenses identificaron al menos cuatro empresas privadas contratadas para participar en el cobro de estas deudas. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas también puede recurrir a programas del Departamento del Tesoro para recuperar fondos.
La medida podría alcanzar indirectamente a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que comparten bienes o cuentas con personas indocumentadas. Cerca de diez millones de inmigrantes sin estatus regular o con protecciones temporales viven en hogares de condición migratoria mixta, según la organización FWD.us.
Un ejemplo es Afissetou Tchedre, una ciudadana de Togo casada con un militar estadounidense. Mientras tramitaba su residencia, el Departamento de Justicia la demandó por una deuda superior a US$1,3 millones. El Gobierno también retuvo una devolución tributaria conjunta de US$10.662.
SALIDA VOLUNTARIA A CAMBIO DE BENEFICIOS
La Administración Trump busca que los afectados utilicen la aplicación CBP Home para informar y organizar su salida del país.
Como incentivo, el Gobierno ofrece cancelar las multas migratorias, financiar el pasaje aéreo y entregar US$2.600 a quienes acepten abandonar voluntariamente Estados Unidos.
El Departamento de Seguridad Nacional incluso difundió una campaña promocional realizada con inteligencia artificial, presentada con elementos similares a los de un anuncio turístico. La iniciativa fue cuestionada por organizaciones defensoras de los inmigrantes, que acusaron al Ejecutivo de utilizar un tono humillante.
Abogados y agrupaciones migratorias califican la política como una campaña de intimidación destinada a deteriorar las condiciones económicas y sociales de las personas indocumentadas hasta llevarlas a aceptar la salida.
La Casa Blanca, en cambio, sostiene que está utilizando atribuciones contempladas en la legislación y que la salida voluntaria resulta menos costosa que los procedimientos tradicionales de detención y expulsión.
Trump Administration Hits Illegal Immigrants with Massive Daily Fines To encourage self deportation?‼️🤔 pic.twitter.com/ieMYz9xXRg
— SoulFood66 (@BlackAndNative1) July 23, 2026
