Con la entrega de una minuta de la Fscalía, esta mañana comenzó formalización de los 11 imputados por el caso Sartor, a quienes el Ministerio Público imputa los delitos de administración desleal, entrega de información falsa, negociación incompatible, estafa, apropiación indebida, fraude a la omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), lavado de activos y contrato simulado.
Los formalizados son el ex controlador de Sartor Group, Pedro Pablo Larraín Mery, y los ex directores y ejecutivos de la AGF Alfredo Harz Castro, Michael Mark Clark Varela, Óscar Ebel Sepúlveda, Juan Carlos Jorquera, Mauro Valdés Raczynski, Miguel León Núñez, Rodrigo Bustamante García y Carlos Larraín Mery; además de Sergio Yáñez Astete y Hugo Baranda, ambos ligados al factoring Emprender Capital, empresa vinculada a Sartor.
El Ministerio Público pide la aplicación de la medida cautelar más gravosa para los hermanos Larraín, Clark, Bustamante y Yáñez.
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Se estima que la formalización durará varios días.
INVERSIÓN PRIVADA DE FONDOS PÚBLICOS
El texto de 87 páginas que el Ministerio Público distribuyó a las defensas y querellantes detalla las acusaciones contra los imputados.
Según este, los ejecutivos estructuraron un esquema donde invertían los Fondos de Inversión Públicos, regulados y financiados por terceros, en Fondos de Inversión Privados, que eran utilizados como fachada para inyectar millonarios recursos a sociedades directa o indirectamente relacionadas con los mismos directores de Sartor.
De este modo, priorizaron el beneficio de sus propias empresas por sobre el deber fiduciario de proteger el dinero de los aportantes de los fondos públicos, provocando un perjuicio que asciende a US$78.562.257 y $104.640.516.271. Calculado al dólar de hoy, el perjuicio asciende a unos US$ 191 millones.
“Mediante dicho esquema se defraudó a inversionistas, personas jurídicas y naturales, pues se aparentaba una correcta administración de los respectivos fondos, ello mediante la entrega de información falsa tanto a los aportantes como al mercado en general y así como al ente regulador, ya que en la práctica no se informó la existencia de conflictos de interés manifiestos”, afirma la minuta.
asimismo, detalla una serie de operaciones fraudulentas para mantener a flote negocios personales con dinero de terceros. Como el rescate de Emprender Capital, un factoring ligado al imputado Sergio Yáñez, y un proyecto inmobiliario en Miami, EEUU, donde se utilizaron más de US$33 millones del Fondo Táctico Internacional para financiar la iniciativa One River Point, hoy conocida como Faena Residences.
También figuran financiamientos irregulares a Autofidem y Redwood Capital.
LAS ACCIONES DE AZUL AZUL
De acuerdo con la minuta del Ministerio Público, en abril de 2021 el Fondo de Inversión Privado (FIP) Tactical Sport adquirió el 63,07% de las acciones de Azul Azul S.A. mediante un proceso de Oferta Pública de Adquisición de Acciones, con dinero que provenía de los fondos públicos Sartor Táctico, Leasing y Proyección, que fueron triangulados a través de la sociedad Inversiones Cerro El Plomo.
Explica que, tras la intervención de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a la administradora Sartor, Michael Clark simuló la compra del 100% de las cuotas del FIP Tactical Sport a través de su propia sociedad, Inversiones Antumalal.
Con ello, “evitó que los aportantes de los fondos de inversión públicos de Sartor AGF S.A. pudiesen recuperar los montos de dinero invertidos en los fondos Sartor, así como también que otros acreedores de Asesorías e Inversiones Sartor S.A. puedieran ejecutar sus créditos”, afirma la Fiscalía.
“Los antecedentes que constan en la carpeta investigativa permiten presumir fundadamente que la referida transacción, realizada en vulneración a lo establecido en la ley 18,045, consistió en un intento de desvincular al FIP Tactical Sport de Sartor S.A.; Sartor AFIP, Sartor AGF y en general del Grupo Sartor, en el contexto del proceso de investigación llevado a cabo en ese momento por parte de la CMF, así como, una forma de evitar que la simultánea celebrada entre Asesorías e Inversiones Sartor S.A. y BCI Corredora de Bolsas fuera cobrada con las acciones de Azul Azul S.A», añade.
CONTRATOS TRUCHOS
La Fiscalía expone además que, medida que el grupo financiero se quedaba progresivamente sin liquidez hacia el año 2023, los acusados decidieron masificar la venta de Contratos de Asociación para Inversiones (CAI) con lo cual, bajo engaños, ,convencieron a múltiples víctimas de retirar su dinero de los fondos regulados por la autoridad para traspasarlos a estos contratos, prometiéndoles altas tasas de interés fijo y una mayor flexibilidad para el rescate de su dinero, dice el Ministerio Público.
De acuerdo con la minuta, estos dineros captados se utilizaron como una caja interna para tapar los déficits operacionales de Sartor y realizar préstamos a sociedades vinculadas sin ningún tipo de garantías.
En ese sentido, cuando la CMF ordenó la suspensión de los rescates, los inversionistas descubrieron que su dinero se había esfumado, quedando reducidos a simples acreedores de una sociedad matriz desprovista de fondos.
