La Fiscalía Regional de Valparaíso amplió las diligencias de la investigación que involucra a la senadora Camila Flores (RN) y comenzó a revisar su participación en la tramitación de la reforma al sistema notarial y registral.
El Ministerio Público solicitó al Congreso documentación y copias de las actas y sesiones desarrolladas en la Cámara de Diputados, el Senado y la Comisión Mixta que resolvió las diferencias surgidas durante la discusión del proyecto.
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El Congreso ya entregó los antecedentes requeridos. Los fiscales analizarán las intervenciones, indicaciones y votaciones de Flores, quien participó en el debate cuando todavía ejercía como diputada.
La nueva arista forma parte de la causa dirigida por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, relacionada inicialmente con el presunto uso irregular de asignaciones parlamentarias.
TESTIMONIO DE EXASESOR ABRIÓ NUEVA LÍNEA
La Fiscalía comenzó a revisar la tramitación legislativa después de recibir la declaración de Julio Lillo, exasesor de Camila Flores y denunciante de la denominada “cuota Flores”.
Lillo afirmó que durante el segundo semestre de 2025 vio a Carlos Swett, conservador de Concón y presidente de la Asociación de Notarios y Conservadores, afuera del domicilio de la parlamentaria. Según su testimonio, Swett le entregó un sobre.
El dirigente declaró posteriormente ante el Ministerio Público en calidad de imputado. Swett reconoció que acudió al domicilio y entregó el sobre, pero aseguró que este contenía documentos y negó que llevara dinero.
El exasesor no presentó antecedentes que acreditaran el contenido del envoltorio. Por ello, los investigadores buscan establecer el contexto de la reunión y determinar si estuvo relacionada con la actividad legislativa de Flores.
FISCALÍA REVISARÁ DISCUSIÓN SOBRE EXPERIENCIA
Uno de los puntos que concentrará la revisión corresponde al numeral 2 del artículo 287 del Código Orgánico de Tribunales.
La disposición regula los criterios para seleccionar a notarios, conservadores y archiveros mediante el sistema de Alta Dirección Pública. Durante la discusión, Flores defendió que la experiencia profesional y la antigüedad de los postulantes tuvieran una ponderación relevante.
La entonces diputada sostuvo que una persona con trayectoria no debía competir en igualdad absoluta de condiciones con otra que careciera de experiencia. Otros integrantes de la Comisión Mixta, entre ellos Pedro Araya, Luz Ebensperger y Jorge Alessandri, también respaldaron la incorporación de ese criterio.
El diputado Miguel Ángel Calisto, también mencionado en los antecedentes examinados por el Ministerio Público, cuestionó las funciones entregadas a la Alta Dirección Pública. El legislador advirtió que el nuevo modelo podía reemplazar la influencia de las cortes por una intervención política en los nombramientos.
DEFENSA NIEGA ACTUACIÓN IRREGULAR
El abogado Samuel Donoso descartó que Flores hubiera buscado favorecer intereses particulares durante la tramitación de la reforma.
El defensor aseguró que la parlamentaria pretendía garantizar que los cargos de mayor responsabilidad fueran ocupados por personas con experiencia. También indicó que su postura buscaba evitar la falta de postulantes en localidades pequeñas.
Donoso agregó que Flores apoyó la creación de fedatarios, propuesta que ampliaba la competencia dentro del sistema notarial y que finalmente fue rechazada.
La solicitud de antecedentes al Congreso constituye una diligencia investigativa y no establece por sí misma la existencia de un delito ni la responsabilidad penal de la senadora.
