La Bancada de Diputados de Renovación Nacional (RN) presentó una solicitud para crear una Comisión Especial Investigadora en la Cámara de Diputados. La instancia buscará esclarecer eventuales arbitrariedades, irregularidades y deficiencias en los mecanismos de control aplicados durante las investigaciones. Además, revisará un eventual uso injustificado de recursos públicos en acciones judiciales contra agentes del Estado por hechos vinculados al estallido social de 2019.
Lea También: Bellolio defiende legado de Piñera y critica uso electoral de su figura en el FA
La Bancada RN afirmó que las cifras evidencian una brecha difícil de justificar entre las investigaciones iniciadas y los resultados penales obtenidos. Los diputados aclararon que estos antecedentes no demuestran que todas las denuncias o querellas hayan sido falsas o ilegítimas.
Sin embargo, sostuvieron que las cifras justifican investigar una eventual estrategia estatal de persecución sobredimensionada, desproporcionada o arbitraria. Según RN, esa situación habría generado consecuencias profesionales, familiares y patrimoniales para funcionarios que enfrentaron procesos durante años sin condena.
“Cuando el Estado abre más de diez mil causas, formaliza menos del 2% y obtiene un porcentaje máximo de condenas de solo 0,69%, ya no estamos simplemente ante resultados judiciales pobres. Estamos ante antecedentes que obligan a investigar si hubo una persecución penal desproporcionada, carente de filtros suficientes y sostenida con recursos de todos los chilenos”, afirmó el jefe de bancada, Diego Schalper.
La solicitud comprende la actuación del Ministerio del Interior, del Ministerio de Seguridad Pública —ambos sucesores legales del antiguo Ministerio del Interior y Seguridad Pública—, del Consejo de Defensa del Estado, del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de la Defensoría de los Derechos de la Niñez. La Comisión deberá revisar los protocolos, criterios jurídicos, procedimientos administrativos y mecanismos de aprobación utilizados para presentar, ampliar o mantener acciones judiciales contra agentes estatales.
Una atención especial tendrá la actuación del INDH. De acuerdo con el informe, dicho organismo intervino en 2.809 causas, equivalentes al 27,70% del universo general. De ellas, 2.452 estaban terminadas y se registraban 61 condenas, de manera que el porcentaje máximo de causas con condena alcanzaba el 2,17%.
Al respecto, el diputado Francisco Orrego señaló que “los antecedentes parecen indicar que acá se atropelló la presunción de inocencia, el debido proceso o la dignidad de los propios agentes del Estado. Los organismos públicos que ejercen acciones penales deben responder por la rigurosidad de sus decisiones y por los recursos fiscales utilizados. Finalmente, el uso indiscriminado e ideologizado de la persecución penal por parte del Estado termina siendo una violación de los Derechos Humanos, muy lejana al mandato de defensa de los mismos del INDH”.
REMUNERACIONES
La Comisión también deberá determinar cuánto dinero público financió estas acciones judiciales. La revisión incluirá remuneraciones de equipos jurídicos, asesorías, peritajes, traslados y costas procesales.
Además, recopilará antecedentes sobre suspensiones, destinaciones, postergaciones de ascensos y desvinculaciones de funcionarios investigados. La instancia también analizará gastos de defensa y otros perjuicios que enfrentaron los funcionarios durante las investigaciones.
El sub jefe de bancada, Eduardo Durán, aclaró que “la instancia no tendrá por objeto revisar sentencias judiciales, intervenir en investigaciones vigentes, sustituir al Ministerio Público o desconocer los derechos de las víctimas. Su finalidad será establecer si los organismos públicos querellantes actuaron con objetividad, prudencia, proporcionalidad y suficiente fundamentación jurídica, y si existieron actuaciones negligentes, irregulares o arbitrarias”.
Desde Renovación Nacional señalaron que esperan la cooperación del INDH en esta indagatoria y que su autonomía es simplemente legal, por lo que no escapan del ámbito de fiscalización de la Cámara de Diputados, más si lo que se busca establecer es el uso adecuado de los recursos que se le entregan para el ejercicio de su función legal.
