El Gobierno prepara un “plan integral” de infraestructura penitenciaria para enfrentar el hacinamiento y aumentar la capacidad destinada a internos de alta y máxima seguridad. La estrategia estará acompañada por un proyecto que permitirá utilizar recursos obtenidos de bienes incautados para fortalecer a las policías, Gendarmería y apoyar a las víctimas de delitos.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, explicó que el Presidente José Antonio Kast solicitó identificar recintos donde puedan construirse nuevos módulos, ampliar cárceles existentes o habilitar instalaciones adicionales.
La autoridad sostuvo que el sistema penitenciario registra una ocupación cercana al 150% de su capacidad, situación que dificulta la segregación de los internos y los programas de reinserción.
NUEVAS PLAZAS DE MÁXIMA SEGURIDAD
Rabat descartó que el Ejecutivo busque simplemente una alternativa a la ampliación de Santiago 1, iniciativa que enfrenta dificultades judiciales. Según explicó, la propuesta considera distintas soluciones dentro de una planificación nacional.
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Entre los avances mencionó la reapertura del módulo 112 en Valparaíso, la incorporación de dos módulos en La Serena y la próxima puesta en marcha plena del nuevo recinto penitenciario de la Región del Maule.
Esta última cárcel dispone de 2.500 plazas y durante agosto recibiría a aproximadamente 700 internos considerados de alta peligrosidad. El establecimiento contará con inhibidores de señales, cámaras de vigilancia y sistemas tecnológicos de máxima seguridad.
AGENCIA ADMINISTRARÁ BIENES INCAUTADOS
La agenda también contempla la creación de una agencia independiente que administrará y liquidará bienes provenientes del crimen organizado y de otros delitos.
Actualmente, esos bienes pueden permanecer congelados durante todo el proceso penal y, tras una sentencia de comiso, deben enfrentar un procedimiento de enajenación que el ministro calificó como “muy engorroso”.
El nuevo organismo asumiría la administración desde que se decreten medidas cautelares. También podría vender anticipadamente bienes perecibles o de fácil deterioro y agilizar la liquidación definitiva una vez pronunciada la sentencia.
La entidad estaría vinculada a los ministerios de Justicia y Seguridad e incorporaría integrantes seleccionados mediante Alta Dirección Pública. Asimismo, podría suscribir convenios con municipios para gestionar vehículos abandonados en corrales municipales o dependencias policiales.
Los recursos obtenidos no se destinarían a mejorar las remuneraciones de los uniformados, sino a financiar tecnología y equipamiento para Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería. Una parte también conformaría un fondo de reparación para víctimas de delitos.
INDULTOS SERÁN ANALIZADOS CASO A CASO
Rabat confirmó además que el Gobierno tramita dos indultos particulares: uno ya fue firmado y el segundo se encuentra en preparación. Aunque evitó revelar las identidades, aseguró que ninguno beneficia a militares o carabineros condenados por hechos ocurridos en 1973 o durante el estallido social de 2019.
Sin embargo, el ministro no descartó futuras solicitudes relacionadas con esos casos y afirmó que el Gobierno evaluará cada expediente de forma individual, según sus antecedentes.
Respecto de la intención del diputado Sebastián Zamora de impulsar indultos desde el Congreso, Rabat recordó que un indulto general requiere una ley y, por lo tanto, corresponde al Parlamento discutir su mérito.
El secretario de Estado agregó que las urgencias legislativas del Ejecutivo se concentrarán en los proyectos de seguridad, área en la que el Gobierno desplegará sus principales esfuerzos durante agosto.
Periodista Matías del Río:
– los indultos (a carabineros) podrían ser “impunidad encubierta” 💅Ministro Rabat:
– NO, esto es una facultad que tiene el presidente por razones de salud o coordinación social 🗿 pic.twitter.com/GU01DZ4TxM— D я e S S 🔥 (@DRESTRUM__Pl) August 2, 2026
